El palo no está para cucharas. La situación fiscal del país es delicada y son indispensables medidas, como una nueva reforma tributaria que le dé competitividad al aparato productivo del país, una reducción importante de los gastos de funcionamiento del gobierno, así como una racionalización de la entrega de subsidios, entre otras, para sanear las finanzas públicas e impulsar el crecimiento económico.

Sin embargo, algunos proponen extender los subsidios a la compra de cilindros de GLP a todo el país. Esto no sería la forma más eficiente de utilización de los recursos públicos y privilegiaría a los usuarios del GLP en las ciudades, afectando a las familias más pobres que viven en las zonas más alejadas del país.

El año pasado, el programa de subsidios al GLP que llegó a Putumayo, Nariño, Caquetá, San Andrés, Providencia, Santa Catalina y una parte de la zona rural del Cauca, entregó más de $43.000 millones para ayudar a familias de estratos 1 y 2 a pagar su cilindro. El subsidio, que cubre el consumo de subsistencia definido por la Unidad de Planeación Minero Energética, ha sido entregado a los beneficiarios a través de las empresas comercializadoras y ha cubierto a usuarios que viven cerca de las redes de gas natural. Solo en el caso de Pasto, estamos hablando de más de 21.000 familias anilladas con gas natural que reciben subsidios de GLP.

Expandir los subsidios de GLP por todo el país no tiene sentido ni desde la política energética y tampoco desde la política de subsidios y la fiscal. El 73% de los recursos destinados irían a municipios donde la mayoría de sus habitantes no los necesitan, pues ya tienen gas natural subsidiado o pueden conectarse fácilmente a la infraestructura existente. Es decir, el gobierno estaría poniendo a competir recursos públicos de forma ineficiente para el mismo hogar, malgastando subsidios que servirían para llevarle energía a 1,2 millones de familias que hoy siguen cocinando con leña.

Las discusiones del Presupuesto General de la Nación de los últimos años han mostrado que cada vez es más difícil presupuestar la totalidad de los subsidios en la vigencia anual. Las necesidades presupuestales son crecientes y para este año solo cubren los requerimientos de subsidios de gas natural hasta el tercer trimestre. Aún más grave, el presentado hace unos días para 2019 solo alcanza para cubrir el déficit de 2018 y dejaría desfinanciado todo el 2019.

No en vano el DNP presentó hace unos meses al Congreso de la República una propuesta que busca racionalizar y focalizar los cuantiosos recursos que destina el país a subsidiar distintos sectores, incluyendo el de los servicios públicos domiciliarios. Sin embargo, hay voces políticas y empresariales que piden subsidiar a todos los usuarios que consumen hoy GLP, que, aunque suena una política pública muy loable, termina siendo una decisión irracional, pues los $285.000 millones que costaría esto beneficiaría a familias que ya cuentan con un subsidio para pagar su servicio de gas natural, y deja por fuera a los hogares que viven en las zonas más alejadas y remotas de nuestras regiones, que hoy no cuentan con ningún combustible limpio.

Según la Organización Mundial de la Salud, 5.849 personas pudieron haber muerto prematuramente en 2012 en Colombia por la contaminación del aire en sus casas. Los cuatro millones de adultos y niños cuyas vidas siguen en riesgo al cocinar con biomasa o carbón requieren una atención inmediata por parte del gobierno para que les llegue el subsidio de GLP por cilindros o gas natural.

Lo que tiene sentido sin lugar a duda es subsidiar la compra de GLP para beneficiar las familias que viven en las zonas más apartadas de los centros urbanos y donde es difícil llevar infraestructura de gas natural o GLP por redes. No sería eficiente generar una competencia de subsidios (al gas natural y al GLP en cilindros) para más de 5 millones de familias, mientras 1.2 millones hoy no tienen ninguno de los dos. Además, llevar recursos a este tipo de zonas ha ayudado a reducir la deforestación y evitar el uso de la leña como energético.

Las políticas públicas bien intencionadas deben ser también políticas responsables y coherentes que tiendan a ampliar la cobertura energética, a disminuir las brechas sociales y a hacer un uso eficiente de los recursos públicos. No lo contrario.