Mucho se debate en estos días sobre la fuerte caída del dólar y los efectos que tiene sobre la economía colombiana. Se afirma, con razón, que un peso excesivamente revaluado golpea a los exportadores, reduce la competitividad de los productores nacionales, puede afectar el empleo y termina debilitando sectores importantes de la economía.

Escucho con frecuencia a presidentes de gremios, empresarios y exministros pronunciarse sobre este fenómeno. Sin embargo, me llama la atención que pocos quieran entrar al verdadero meollo del problema: ¿por qué el peso colombiano se está fortaleciendo de esta manera y quiénes se están beneficiando de ello?

Incluso cabe una pregunta más incómoda: ¿será que algunos de quienes opinan sobre el tema están obteniendo beneficios de esta situación y, por eso, no plantean soluciones de fondo?

El problema, en mi opinión, está relacionado con la debilidad de las finanzas públicas y con el elevado costo al que Colombia debe financiarse. Cuando las tasas de interés internas se ubican entre 12% y 14%, mientras en otros mercados internacionales los capitales pueden conseguir rendimientos de 5% a 7%, se genera un incentivo importante para que ingresen recursos financieros de corto plazo.

Estos llamados capitales golondrina llegan buscando rentabilidad, no necesariamente porque quieran invertir en Colombia, generar empleo, construir infraestructura o desarrollar empresas. Su objetivo principal es aprovechar el diferencial de tasas de interés. Si un inversionista consigue recursos en el exterior a 5% o 7% y los coloca en Colombia a 12% o 14%, obtiene un diferencial significativo, aunque asumiendo riesgos financieros y cambiarios distintos a los de una inversión productiva tradicional.

Pero el problema puede ser todavía mayor.

Si, además del diferencial de tasas, el peso colombiano continúa revaluándose frente al dólar, la rentabilidad para esos capitales puede aumentar considerablemente. En determinadas circunstancias, la combinación de tasas de interés y apreciación de la moneda puede generar retornos cercanos o incluso superiores a 20% anual, aunque naturalmente no se trata de un rendimiento garantizado.

Es, en términos sencillos, como ganar dinero simplemente moviendo capital de un mercado a otro, sin que necesariamente exista una contribución equivalente a la economía real.
Esta práctica es conocida en el mundo financiero como carry trade y suele aprovechar las diferencias entre las tasas de interés de distintos países. En economías con monedas y finanzas públicas vulnerables, puede generar movimientos importantes de capital que contribuyen a presionar la tasa de cambio hacia la apreciación.

Entonces, ¿qué hacer?

Una alternativa que debería discutirse seriamente es establecer un impuesto temporal de salida a los capitales de corto plazo, por ejemplo de 10%, con reglas claras, transparentes y técnicamente diseñadas para evitar afectar la inversión extranjera productiva.
Los recursos obtenidos podrían destinarse a financiar prioridades nacionales, entre ellas la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

No se trata de perseguir al inversionista extranjero ni de cerrar la economía. Se trata de diferenciar entre el capital que llega para producir, generar empleo y construir país, y aquel que entra principalmente para aprovechar un diferencial financiero y salir rápidamente con una ganancia.

La discusión, por tanto, no debería limitarse a si el dólar está caro o barato. La verdadera pregunta es qué tipo de capital queremos atraer y qué beneficios concretos deja en Colombia.

Y aquí surge otra pregunta que también merece una respuesta: ¿será que algunas de las voces más influyentes sobre este tema tienen acceso a información privilegiada o a relaciones con el gobierno que les permiten anticiparse a los movimientos del mercado, mientras quienes no tienen esas fuentes deben simplemente observar cómo se mueve el peso? Si existieran situaciones de este tipo, deberían ser objeto de la debida transparencia y escrutinio.

La economía necesita debate, pero sobre todo transparencia. Porque cuando las reglas benefician a unos pocos y las pérdidas las termina asumiendo toda la sociedad, el problema deja de ser exclusivamente económico y se convierte en un asunto de interés nacional.