Desde hace algunos meses, en contextos educativos y sociales en general, se ha hablado mucho sobre la dimensión demográfica del país como uno de los factores más determinantes en la contracción de la matrícula en cada nivel del escenario educativo, particularmente en los colegios, pero también en las instituciones de educación superior (IES). Esta transformación demográfica está reconfigurando de manera significativa el ecosistema educativo. Persistir en las lógicas tradicionales ya no es una opción; adaptarse con visión estratégica y sentido social es una obligación inaplazable.

Los análisis indican que el país enfrenta un estancamiento del segmento poblacional entre los 17 y los 21 años, que históricamente ha sido el “mercado natural” de las IES. Este fenómeno demográfico no es coyuntural, es estructural. Obliga a replantear la noción misma de cobertura y a comprender que el estudiante universitario ya no es exclusivamente el joven recién egresado del colegio. En paralelo, crece con fuerza la población mayor de 35 años que necesita reconversión laboral, actualización de competencias o certificaciones específicas para mantenerse vigente en un mercado de trabajo impactado por la automatización y la inteligencia artificial.

Este doble movimiento —menos jóvenes tradicionales, más adultos en transición— redefine la demanda educativa. A ello se suma una transformación acelerada hacia modelos híbridos, virtuales y multimodales, con formatos más cortos, flexibles y modulares. Las microcredenciales, los programas apilables y las certificaciones por competencias dejan de ser una innovación marginal para convertirse en parte central de la arquitectura académica del presente.

La educación superior ya no puede operar bajo esquemas rígidos de oferta cerrada y trayectorias únicas; por el contrario, requiere personalización, flexibilidad curricular y una experiencia formativa que dialogue con la vida real del estudiante: sus tiempos, sus responsabilidades laborales, sus contextos familiares y sus aspiraciones profesionales. El aprendizaje a lo largo de la vida no es un eslogan; es una condición de supervivencia institucional y de competitividad país. En este contexto, la sostenibilidad financiera y la misión académica no deben concebirse como dimensiones en tensión, sino como realidades interdependientes. Una institución que no sea financieramente sólida no puede garantizar calidad sostenida ni impacto social duradero. Pero, al mismo tiempo, una institución que pierda de vista su propósito formativo y su responsabilidad con el desarrollo del país terminará erosionando su legitimidad social y, con ello, su viabilidad futura.

El reto consiste en articular cuatro ejes estratégicos de manera simultánea: calidad académica demostrable, pertinencia curricular, transformación digital profunda y sostenibilidad organizacional. No basta con incorporar tecnología; se requiere madurez digital, es decir, la capacidad de integrar de forma estratégica herramientas como la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y gestión. Tampoco es suficiente ampliar cobertura; es imprescindible mejorar los resultados en aprendizaje, reducir la deserción y fortalecer la empleabilidad y el emprendimiento de los egresados. Colombia necesita instituciones capaces de ofrecer formación flexible sin sacrificar estándares; de expandirse con responsabilidad; de competir en eficiencia y diferenciación, pero sin abandonar su compromiso con la equidad. El país sigue siendo profundamente desigual, y la educación superior continúa siendo el principal movilizador social.

Cada joven o adulto que accede, permanece y se gradúa no solo transforma su proyecto de vida, sino que incide en su familia y en su territorio.