La educación superior colombiana atraviesa un punto de inflexión, y no es una metáfora. La inteligencia artificial está redefiniendo qué se aprende, cómo se evalúa y qué certifica un título. Las credenciales cortas le disputan a la universidad el monopolio de la certificación. Y la demografía dejó de empujar la matrícula justo cuando familias y empleadores exigen más valor por cada año de formación. Según el análisis del Snies 2025, 35,1% de la matrícula de 2025-2 estaba en modalidades no presenciales, y casi la mitad de los nuevos estudiantes, 48,3%, llegó a opciones flexibles. Entre 2024 y 2025, la modalidad virtual creció 18,9%, mientras la presencial cayó 5,2%. El sistema se mueve más rápido que muchas de sus instituciones, y más rápido que buena parte de sus reglas. Frente a ese cambio caben dos respuestas: el ajuste o la transformación. El ajuste recorta, aplaza y espera que la ola pase. La transformación acepta que la ola no va a pasar. Colombia necesita lo segundo, y lo necesita al menos en cinco frentes.

Primero, trayectorias en lugar de planes rígidos. Quien llega a la universidad ya sabe cosas. El Decreto 2244 de 2023 abrió la puerta al reconocimiento de aprendizajes previos dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones. Falta que las instituciones lo vuelvan práctica cotidiana, con currículos electivos, ingreso permanente, movilidad entre modalidades sin trámites y credenciales cortas que se puedan apilar hasta un título. Para eso, el país necesita un marco común sobre la calidad de las microcredenciales, idealmente construido con la región. Segundo, una evaluación para la era de la inteligencia artificial. El reto es distinguir la asistencia legítima de la delegación indebida del trabajo intelectual, y eso no se resuelve con un formulario de declaración de uso. Exige que los profesores rediseñen lo que piden y cómo lo califican, hacia evaluaciones auténticas que muestren lo que el estudiante sabe hacer. Tercero, medir la calidad por lo que la universidad aporta, no solo por a quién recibe. Las pruebas Saber Pro muestran brechas persistentes por modalidad y por territorio: la educación a distancia llega a estar hasta 15 puntos por debajo del promedio nacional. Pero también muestran instituciones que, con estudiantes que ingresan en condiciones más frágiles, logran un valor agregado real. La política pública debería reconocer ese esfuerzo, y las instituciones, usar la analítica para identificar a tiempo a quien está en riesgo de no aprender o de desertar. Cuarto, el profesor. Ninguna innovación curricular sobrevive a un aula que no cambia. La formación docente en inteligencia artificial, en diseño universal para el aprendizaje y en evaluación no es un complemento: es la condición de todo lo demás. Y cuando los estudiantes reclaman calidad y puntualidad a sus profesores, el sistema debe leerlo como una alerta temprana, no como una queja. Quinto, el cuidado como parte del modelo pedagógico. El bienestar no puede seguir siendo una oficina al lado de la academia. La Resolución 020310 del MEN, expedida en julio, recuerda que proteger también es innovar: plazos máximos de decisión, activación de oficio, medidas de resguardo. Cumplirla bien exige rediseñar procesos, no solo actualizar protocolos.

Lo anterior nos da una lección: cuando las reglas avanzan más despacio que los proyectos, aparecen fricciones inútiles y las instituciones quedan expuestas ante el aseguramiento de la calidad. Al Estado le corresponde una regulación que acompañe la innovación, con registros calificados que admitan trayectorias flexibles, reconocimiento ágil de credenciales y espacios de prueba para modelos nuevos, sin renunciar a exigir resultados. A las instituciones, actualizar sus propias normas antes de que la realidad las vuelva obsoletas.