Colombia arrastra desde hace décadas una paradoja estructural en su sistema educativo: mientras amplía cobertura, profundiza la fragmentación. La educación media, la formación técnica y tecnológica, y la educación superior universitaria siguen operando como compartimentos estancos, desconectados entre sí y, muchas veces, distantes de las realidades productivas y sociales del país. En ese escenario, hablar de desarrollo humano y movilidad social se vuelve retórico si no se construyen trayectorias educativas reales, continuas y reconocibles. Por eso, resulta pertinente mirar con atención experiencias que, sin grandilocuencia normativa, están demostrando que sí es posible articular el sistema, no como modelos perfectos, sino como evidencia concreta de que la integración por niveles de formación, modalidades flexibles y resultados de aprendizaje verificables no solo es deseable, sino viable. El acceso a través de cadenas de formación supera los números posibles de estudiantes integrados al sistema educativo colombiano, expresándose como una transformación silenciosa del perfil del estudiante universitario colombiano: personas con trayectorias previas, experiencia técnica, vínculos con el mundo del trabajo y expectativas claras de progresión académica y social.

Datos evidenciados a través de estas experiencias, lideradas entre Instituciones de Educación Superior y agencias de educación estatal y territorial, interpelan directamente al sistema. Durante años se insistió en que la formación técnica y tecnológica era una “alternativa menor”. Hoy, la evidencia muestra lo contrario: cuando se reconoce el aprendizaje previo, cuando se construyen rutas claras de homologación y acompañamiento académico, estos estudiantes no solo permanecen, sino que mejoran su desempeño, alcanzando promedios acumulados superiores a 4,0 y tasas de graduación crecientes.

El verdadero aporte está en la lógica de sistema. Se trata de avanzar hacia una arquitectura educativa donde la modalidad presencial, a distancia y virtual no compiten entre sí, sino que se complementan, y donde las rutas de reconocimiento académico se concentran en modalidades no presenciales, respondiendo a las condiciones reales de los territorios y de la población trabajadora. Esto rompe, de paso, con la falsa dicotomía entre calidad y flexibilidad.

A ello se suma un elemento clave que Colombia sigue postergando en su política pública: los resultados de aprendizaje como eje articulador. Los niveles de homologación no son concesiones administrativas, sino el resultado de ejercicios rigurosos de correspondencia curricular y competencias demostrables. Aquí la pregunta ya no es “dónde estudió”, sino “qué sabe hacer y cómo lo demuestra”. El impacto social de esta lógica debe ser evidente en la medida en que la educación superior solo cumple su misión cuando se conecta con el desarrollo territorial. Ferias de empleo, proyectos de innovación aplicada y articulación con ecosistemas productivos no son actividades accesorias, sino parte constitutiva de instituciones educativas que entienden su responsabilidad social.

Colombia necesita dar el salto: pasar de un sistema educativo segmentado a uno articulado por trayectorias, donde cada nivel habilite el siguiente; donde las modalidades respondan a la vida real de los estudiantes; y donde los resultados de aprendizaje sean el lenguaje común entre instituciones, sectores productivos y territorios. Articular la educación no es solo una reforma educativa: es una apuesta por el desarrollo social sostenible del país.