Varias semanas llevamos en este país debatiendo en diversos escenarios el denominado Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y no repetición, que da cuenta de una realidad vivida por muchos años, haciendo énfasis en las consecuencias de una guerra fratricida entre personas y grupos que han intentado atesorar poder y beneficios en contra de otros muchos que les ha correspondido vivir los impactos de un conflicto sin sentido dejando a millones de colombianos en circunstancias de desplazamiento, dolor, hambre, pobreza y, en lo que se refiere a la realidad educativa, sin oportunidades que permitan una sociedad más incluyente y equitativa. La existencia y vida de muchos colombianos y sus familias se vio y sigue siendo afectada por la crisis del conflicto (¿o posconflicto?) de un modo devastador.

Estas consecuencias catastróficas de la guerra exigen de todos los que pensamos y soñamos un país y un mundo distinto, una sociedad más fraterna y justa, acciones reales que conlleven a reconstruir en perspectiva de resiliencia todo aquello que sea necesario para que la reparación con verdad, desde todos los ángulos de análisis, se logre y ayudemos a la construcción de un nuevo contrato social. En este contexto, la educación será la clave de configuración de este nuevo pacto que se quiere y busca. La educación superior asume un rol importante en el proceso de una sociedad que anhela reconstruirse en beneficios de todos, ella ofrece oportunidad de formación que contribuye a las regiones más afectadas de nuestra geografía a recuperarse y a proyectarse en desarrollo para bienestar total.

Los acontecimientos de la guerra en Colombia han llevado a que su efecto sea contrario a lo que se espera de un sistema educativo auténtico que propende por aprendizajes de calidad en los estudiantes, y la consecuencia de competencias y habilidades acordes con las necesidades del entorno y, por ende, del país para alcanzar mayores niveles de bienestar económico y social, con criterios de justicia, equidad e inclusión. De allí la imperiosa necesidad de un programa de gobierno, a través de su política pública -pero también de los demás actores del sistema educativo, incluidos los privados- de asumir el compromiso con respecto a las consecuencias e impactos que ha dejado y sigue dejando el conflicto. Se trata de hacerle frente a las necesidades y oportunidades de aprendizaje que permitan un avance en la apuesta de desarrollo de la nación, consciente de que será el conocimiento un elemento fundamental, un pilar esencial hacia un verdadero bienestar que implique a todos y que permita una competitividad real. Es en medio de este desafío donde las Instituciones de Educación Superior (IES) están llamadas a adaptarse a las nuevas realidades y oportunidades repensando su rol y lugar en la sociedad colombiana, con nuevas ideas que permitan satisfacer las necesidades e intereses de los estudiantes, pero también ayuden a la construcción y consolidación de una paz total y duradera.

Este tendrá que ser sin duda el propósito de la Universidad y de la educación en su conjunto, como parte significativa de la reconstrucción del tejido social. La educación es la clave para que el potencial de las personas sobresalga y alcancemos esos conocimientos y habilidades requeridos para el desarrollo y progreso del país, y edifiquemos desde hoy un futuro más próspero y en paz para todos. La educación es el camino para que la sociedad pueda integrarse en sus diversas ideas y pensamientos, en armonía social, y ayudar así al logro de la paz, la reconciliación, la confianza y la prevención de futuros conflictos. La educación superior debe ineludiblemente desempeñar un papel en la reconstrucción y recuperación de Colombia precisamente por las oportunidades que esta trae consigo en perspectiva de empleabilidad y emprendimiento, a través de una mano de obra bien calificada, y en la generación de conocimientos y tecnologías pertinentes que ayuden al desarrollo de los territorios. La reconstrucción de la nación es un llamado imperioso para el sistema educativo en todos sus niveles, pero particularmente para la educación superior, que debe contribuir a una sociedad del conocimiento que favorezca el desarrollo económico y sostenible vital.