El 2025 ha sido un año bisagra para la educación superior en Colombia. A lo largo de estos meses, desde distintas columnas publicadas en La República, he insistido en una idea central: el sistema universitario colombiano no está en crisis por falta de instituciones o de estudiantes, sino por la tensión no resuelta entre expansión, calidad, sostenibilidad y sentido social. Hoy, más que balances triunfalistas o diagnósticos catastrofistas, el país necesita una lectura honesta de lo logrado y una decisión clara sobre lo que aún no hemos querido enfrentar. Sobre los logros, podemos afirmar que contamos con un sistema que resistió y se transformó. Colombia logró consolidar, incluso en medio de restricciones fiscales y transformaciones demográficas, uno de los sistemas de educación superior más amplios de América Latina.

La cobertura, particularmente en regiones históricamente excluidas, el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica, y la maduración de modelos multicampus y a distancia son conquistas reales. En 2025 quedó claro que muchas instituciones, especialmente las de inspiración social y territorial, aprendieron a hacer más con menos, apostando por la innovación pedagógica, la educación híbrida y el uso estratégico, aunque aún incipiente, de analítica de datos e inteligencia artificial con enfoque humano. Asimismo, la conversación sobre bienestar, permanencia y experiencia estudiantil dejó de ser marginal y pasó al centro de la agenda académica. Otro avance significativo ha sido el reconocimiento, al menos discursivo, de que la calidad no se reduce a indicadores administrativos, sino que debe leerse en clave de impacto social, pertinencia regional y trayectorias de vida de los graduados.

Sin embargo, estos logros conviven con tensiones estructurales que el país sigue postergando. La primera, es el modelo de financiamiento. La educación superior colombiana continúa atrapada entre una creciente demanda social y una estructura financiera frágil, altamente dependiente de matrículas, con márgenes estrechos para invertir en calidad, investigación y bienestar.

La segunda, es la desalineación entre políticas públicas y realidad institucional. Las reformas se anuncian con grandes marcos normativos, pero sin instrumentos claros de transición, sostenibilidad ni evaluación de impacto. Esto genera incertidumbre, desgaste institucional y una peligrosa tentación de cumplir indicadores sin transformar prácticas. La tercera, quizás la más profunda, es cultural: seguimos entendiendo la educación superior más como un servicio transaccional que como un bien público y social. Cuando la lógica del corto plazo domina, se empobrecen el debate académico, la formación integral y la misión ética de la universidad. En este sentido, Colombia enfrenta, al menos, cinco desafíos inaplazables: reconfigurar el modelo de financiamiento, incorporando esquemas de corresponsabilidad con incentivos a la calidad, la permanencia y el impacto territorial.

Asumir el cambio demográfico: menos jóvenes exige más flexibilidad curricular, aprendizaje a lo largo de la vida y reconversión de la oferta académica. Pasar de la digitalización instrumental a la transformación pedagógica, donde la tecnología esté al servicio del aprendizaje profundo y no de la mera eficiencia administrativa. Fortalecer la gobernanza universitaria, con liderazgo académico, toma de decisiones basada en evidencia y participación real de las comunidades educativas y reafirmar el sentido ético y social de la universidad, en un país marcado por la desigualdad, la fragmentación y la desconfianza institucional.

En conclusión, el verdadero dilema no es si la educación superior debe cambiar, eso ya está ocurriendo, sino hacia dónde va y con qué criterios. Podemos seguir administrando la inercia, ajustando indicadores y sobreviviendo a coyunturas políticas, o podemos apostar por un sistema que forme ciudadanos críticos, profesionales competentes y líderes comprometidos con el desarrollo del país.