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En este nuevo momento del gobierno del Estado se ha abierto otro nuevo capítulo en la perspectiva educativa. Leí en una columna de opinión de un semanario del país, realizada por la nueva ministra de educación y también del viceministro de educación superior que la perspectiva educativa estaría puesta en el propósito de esta sin dejar de atender los procesos y procedimientos.

Esta apuesta me hace volver sobre las palabras que el presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Francisco Múnera, pronunció en el contexto de la posesión del nuevo presidente de la república. Monseñor Múnera formuló tres anhelos que “están en el alma del pueblo colombiano”: la unidad de la nación, que no es uniformidad, sino armonía, el camino hacia la reconciliación y la paz, y el sostenimiento de la esperanza. Y advirtió que esos anhelos solo se harán realidad “si los asumimos como una tarea compartida” entre instituciones, gobernantes, familias, comunidades educativas, empresarios y organizaciones sociales.

Se nos habla con este mensaje el idioma de la esperanza; lo que viene no es un destino escrito, sino una trayectoria que construiremos entre todos. Y en esa construcción, el sector de educación superior no es espectador, sino corresponsable.

En un contexto democrático la gobernabilidad se juega en tres ejes: la capacidad del Gobierno para construir y sostener apoyos, la vía escogida para ejercer el poder, el acuerdo legislativo o el decreto, y la estabilidad del entorno social, modulada por la actuación de las altas cortes y los órganos de control. De la interacción de esos ejes surge la negociación permanente. Ahora bien, negociar, construir mayorías, respetar los contrapesos, distinguir un anuncio de una decisión efectiva: todas esas son, antes que destrezas de la élite política, competencias ciudadanas. Y las competencias ciudadanas no nacen espontáneamente. Se forman.

Ese es, precisamente, el punto donde el anhelo del señor Obispo Múnera se encuentran con la misión de la universidad y los nuevos líderes del ministerio de Educación Nacional (MEN). Porque si la gobernabilidad es una trayectoria y no un resultado, la democracia se sostiene sobre ciudadanos capaces de deliberar sin destruirse, de reconocer, como dijo el obispo, “el valor de quien piensa distinto”, y de comprender “que el futuro se construye integrando”.

Formar esa clase de ciudadanía es la primera responsabilidad institucional de la educación superior. No se trata de adoctrinar ni de tomar partido, sino de todo lo contrario: de enseñar a leer la realidad con rigor, a contrastar fuentes, a argumentar con datos y a sostener el desacuerdo sin convertirlo en enemistad. En un país tentado por la polarización la universidad que enseña a pensar es un contrapeso silencioso pero decisivo. Esa responsabilidad tiene, al menos, tres dimensiones concretas. La primera es formar profesionales que sean, a la vez, ciudadanos: personas competentes en su oficio y comprometidas con lo público, capaces de trabajar en un ministerio, una alcaldía, una empresa o una organización social con integridad y sentido del bien común.

La segunda es producir y poner al servicio del país conocimiento útil para la deliberación pública. La tercera es predicar con el ejemplo: una institución que reclama transparencia, diálogo y respeto a las reglas debe practicarlos puertas adentro, en su gobierno interno, en el trato a estudiantes y profesores y en su relación con los territorios. La educación superior colombiana carga aún con una deuda de equidad: el acceso sigue distribuido de forma desigual entre regiones y estratos. Fortalecer la legitimidad territorial pasa, para nosotros, por llevar la educación de calidad a donde no ha llegado, por retener a los estudiantes que hoy desertan por razones económicas y por conectar la formación con las necesidades reales de cada comunidad.

Ampliar oportunidades no es solo justicia social: es, literalmente, ampliar la base de ciudadanía que sostiene la gobernabilidad. ¿Cuál es entonces el propósito que deberíamos construir entre todos? Sugiero uno sencillo de enunciar y exigente de cumplir: hacer de la deliberación honesta y del respeto a las instituciones una costumbre nacional, no una excepción. Que negociar deje de sonar a debilidad y empiece a sonar a madurez.