En el contexto de la “Semana Mayor”, donde tuve tiempo para meditar y orar en torno al misterio central de nuestra fe cristiana, Jesucristo Resucitado, también pude reflexionar sobre la dimensión histórica de este misterio, que nos invita a comprenderlo desde su impacto social para el país. Lo hice pensando en la particular decisión del gobierno nacional, que ha querido gravar a las Instituciones de Educación Superior (IES) privadas en medio de una emergencia fiscal, decisión que no pienso tenga un enfoque solo tributario, sino que sea una señal política sobre cómo entiende el Estado el papel de la educación superior en el país.

En medio de la emergencia económica, el país ha sido testigo de una decisión que merece un debate más profundo del que hasta ahora se ha dado. A primera vista, puede parecer una decisión técnica, incluso necesaria en un contexto de estrechez fiscal, pero en realidad es una decisión profundamente política. Al asumir el análisis de estas medidas, no solo se abre una discusión jurídica sobre los límites del Ejecutivo en estados de excepción, sino, sobre todo, una pregunta de fondo: ¿puede el Estado tratar las IES como una fuente más de recaudo en medio de una crisis? La respuesta, desde una perspectiva de largo plazo, debería ser clara: no.

Las IES no son un sector económico cualquiera, sino que cumplen una función estratégica en la sociedad. Forman el talento humano que sostiene la economía, producen conocimiento, impulsan la innovación y, en muchos territorios, suplen vacíos estructurales del Estado en materia de desarrollo social y cultural. Gravarlas como si fueran agentes económicos ordinarios desconoce esa naturaleza.

Pero el problema no es solo conceptual, sino también práctico. El sistema de educación superior colombiano es mixto y, particularmente el privado, opera con márgenes financieros estrechos, con altos niveles de subsidio interno y con una fuerte presión por ampliar cobertura en contextos de desigualdad. En muchos casos, las instituciones destinan una parte significativa de sus ingresos a becas, descuentos y apoyos estudiantiles. Imponer nuevas cargas tributarias en ese contexto no fortalece al sistema, sino que lo tensiona. Y cuando se tensiona el sistema, el impacto no recae sobre las instituciones en abstracto, sino sobre los estudiantes: menos cupos, mayores costos, menor capacidad de inversión en calidad y en bienestar.

Aquí es donde la discusión adquiere una dimensión política más amplia. Porque lo que está en juego no es solo un impuesto, sino el modelo de desarrollo que Colombia quiere construir. En un mundo donde la competitividad depende cada vez más del conocimiento, la ciencia y la innovación, los países están fortaleciendo sus sistemas de educación superior, no debilitándolos: están invirtiendo en investigación, ampliando acceso y consolidando ecosistemas de innovación. Colombia, en cambio, corre el riesgo de hacer lo contrario: cargar fiscalmente a uno de los pocos sectores que puede impulsar su transformación productiva y, al mismo tiempo, cerrar el fomento a través de todo lo que ha significado la pérdida de tiempo y de dinero de unas convocatorias del sistema de ciencia, tecnología e innovación que ha quedado en el limbo. Las medidas adoptadas en contextos excepcionales deben ser proporcionales, temporales y coherentes con los objetivos estratégicos del país. Y aquí surge otra inquietud legítima: ¿es razonable trasladar parte del peso de la crisis fiscal a un sector que, por definición, genera valor público y no rentabilidad privada? Más aún, ¿es adecuado hacerlo mediante decretos de excepción y no a través del debate democrático en el Congreso?