El 7 de agosto se posesionará un nuevo gobierno y, como suele ocurrir en Colombia, la conversación sobre educación superior arrancará por donde siempre: cupos, presupuesto y reformas pendientes. Todo eso es necesario, pero ya no es suficiente. El Gartner Quarterly Emerging Risk Report (Q1 2026) advierte que los riesgos emergentes dejaron de ser eventos aislados y se convirtieron en factores estructurales que comprometen la sostenibilidad y la competitividad de las organizaciones. La educación superior colombiana no es la excepción; es, quizás, uno de los sectores más expuestos. Propongo cinco frentes de atención.

Primero, el riesgo económico es el riesgo educativo número uno. El bajo crecimiento prolongado y la volatilidad macrofinanciera, el principal riesgo emergente de 2026 según Gartner, se traducen en menor capacidad de pago de las familias, crédito educativo más costoso y mayor deserción. La política de fomento debe blindar la financiación de la demanda, empezando por una reingeniería seria del crédito educativo, y dar reglas estables para que las IES diversifiquen ingresos: educación continua, microcredenciales y formación a lo largo de la vida. Depender casi exclusivamente de la matrícula de pregrado es hoy su principal vulnerabilidad.

Segundo, la Agentic AI, inteligencia artificial autónoma, llegó antes que la regulación. Sistemas que deciden y actúan sin supervisión humana directa traen fraude académico sofisticado, erosión de la integridad evaluativa y vacíos de gobernanza. Colombia necesita, con urgencia, lineamientos nacionales de uso ético de la IA en educación superior. La respuesta no puede ser prohibir, sino gobernar: quien lo haga bien convertirá el riesgo en ventaja competitiva.

Tercero, la ciberseguridad es un asunto de confianza pública. Los ataques potenciados por IA, ransomware, suplantación y deepfakes amenazan los historiales académicos, los datos financieros y la propiedad intelectual. Un sistema cuyas credenciales pueden falsificarse pierde legitimidad ante estudiantes y empleadores. El sector educativo debe entrar, de manera explícita, en la estrategia nacional de ciberseguridad, con mecanismos confiables de trazabilidad digital de títulos.

Cuarto, la brecha de talento docente es el cuello de botella silencioso. La aceleración tecnológica supera la capacidad de adaptación humana y genera rezago curricular y obsolescencia institucional. De poco sirve hablar de transformación digital sin rutas serias de reskilling del profesorado. Ninguna reforma prospera si quienes deben implementarla en el aula quedaron atrás.

Quinto, la fragmentación geopolítica cambia la internacionalización. La geopatriation, la relocalización de tecnología y conocimiento por bloques, restringe la cooperación abierta y la movilidad académica. La respuesta estratégica es fortalecer las alianzas en América Latina y el Caribe, y una diplomacia educativa que no dependa de un solo bloque. El común denominador es uno solo: anticipación. Las organizaciones que liderarán esta década, insiste Gartner, son las que convierten los riesgos en oportunidades mediante respuestas tempranas y deliberadas.

El gobierno entrante debe asumir la gestión de riesgos del sector no como un reporte periódico, sino como instrumento central de la estrategia nacional. Puede administrar la coyuntura o anticipar la transformación. La diferencia se medirá, en cuatro años, en cobertura, permanencia y pertinencia. Y esa cuenta, como siempre, la pagarán o la cobrarán los estudiantes.