Cuando le damos una mirada mundial a la gestión y desarrollo de la educación superior nos damos cuenta que está lidiando con una crisis financiera crítica, exacerbada por el aumento de los costos operativos o de funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior (IES), los avances tecnológicos emergentes, los desafíos de una innovación educativa acorde con las demandas complejas de una fuerza laboral que quiere impactar de modo suficiente y que no puede quedarse a espaldas de una nueva manera de comprender y desarrollar la sociedad. Los países de América Latina, diversos en su situación económica e infraestructuras educativas, no están exentos de estas presiones y mucho menos Colombia donde no se vislumbra aún un camino menos difícil.

Al centrarse en la política educativa, el liderazgo y el fomento, me pregunto cómo el Ministerio de Educación Nacional (MEN) podría desempeñar un papel más interesado en la abordaje de la actual crisis de financiación del Sistema Mixto de la educación superior. ¿Cuál es el firme compromiso de mitigar estos desafíos como parte de la política de educación superior en Colombia?

Lamentablemente lo que hemos visto en los último meses es una diversidad de iniciativas en torno a la comprensión de la política pública en sus diversos frentes, tanto así como representantes del cuerpo legislativo existen actualmente en el país. Son muchas las propuestas de proyectos de ley que se presentan por un lado o por el otro (Senado y Cámara) lejos de una visión clara de presente y de futuro de lo que verdaderamente necesita la nación para poder ser competitiva a la hora de generar y transferir el conocimiento para sus propias transformaciones y poder estar así en un ámbito de mayor colaboración con la sociedad global. Por esta razón, uno de los primeros pasos que deberíamos dar para enfrentar las crisis, pero particularmente la de financiación, es la de poder tener un marco de política integral que permita enfatizar la necesidad de un sistema educativo superior mixto de calidad y que responda a los atributos de pertinencia y de impacto social sostenible integral.

La educación se posiciona cada vez más como una palanca clave para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 4, que se centra en el acceso equitativo a una educación superior de calidad y nuestra nación no podría ser la excepción. Es por ello que el fomento debe estar direccionado a priorizar la educación superior, como sistema mixto, en los presupuestos y estrategias nacionales, asegurando que la financiación no se vea como un gasto, sino como una inversión en el progreso social.

Al apoyar el desarrollo de políticas educativas terciarias integrales que se alineen con los desafíos y los contextos de país, el Estado puede ayudar a mitigar la crisis financiera garantizando que las IES estén mejor equipadas para asegurar y gestionar la misión y visión de una educación de calidad y pertinente a las diversas necesidades de las regiones de la nación. Desarrollar esta apuesta de fomento real requiere de un liderazgo efectivo que permita ser eficientes y al mismo tiempo obtener unos resultados educativos de calidad, pero también se necesita una gobernanza sólida y unas prácticas de gestión eficaces que permitan navegar por las complejidades de las presiones financieras que enfrentan las IES, al tiempo que garanticen que estas se mantengan enfocadas en ofrecer una educación de calidad.

A medida que la crisis financiera continúan desafiando al sector educativo superior, fortalecer el liderazgo a todos los niveles se convierte en una estrategia vital. Los líderes bien capacitados y conocedores pueden ayudar a las IES a desarrollar modelos financieros sostenibles, mejorar la gobernanza y aumentar la rendición de cuentas.