En febrero, Odata (empresa de centros de datos -data centers-, de origen brasileño, hoy parte de Aligned Data Centers, grupo controlado por el fondo australiano Macquarie, que opera en Brasil, Chile, México y Colombia) anunció una inversión de US$1.300 millones para dos campus de centros de datos en Mosquera y Tenjo (Cundinamarca), con 144 megavatios de capacidad crítica. El sector proyecta US$1.160 millones hacia 2030. La noticia se celebró, con razón, como una señal de confianza en el país, pero en toda la cobertura no encontré una sola línea sobre cuánta agua y cuánta energía van a consumir, tampoco cuánto va a empeñarse el talento humano y cuál va a ser su valor desde la dimensión laboral. Frente a esto, existe en Colombia un silencio que tiene un costo y conviene nombrarlo antes de pagarlo. El Consejo Episcopal Latinoamericano acaba de publicar Inteligencia artificial y desarrollo humano integral, elaborado por un grupo de académicos de varias universidades de la región, y su tesis más útil es económica antes que teológica: la inteligencia artificial es material. Cita a Kate Crawford: “la inteligencia artificial no es ni artificial ni inteligente” y desglosa lo que llama la deuda ecológica en cuatro frentes: minerales críticos como litio, cobalto y coltán; consumo eléctrico de entrenamiento e inferencia; agua de refrigeración; y basura electrónica externalizada hacia países empobrecidos. Su exigencia no es retórica: medir el indicador Wue (Water Usage Effectiveness, “eficacia en el uso del agua”), publicar la huella hídrica y el lugar donde se produce, y entender la trazabilidad hasta la mina como obligación jurídica y no como plus reputacional. La otra mitad de la factura es laboral. En América Latina operan esquemas de microtrabajo de US$0,50 a US$1 por tarea, sin estabilidad ni protección social. De allí extrae una conclusión que cualquier gerente de riesgos debería subrayar: sin justicia en la base, el riesgo algorítmico es, en realidad, riesgo social. Nada de esto es moralismo, es gobernanza. Un proyecto sin trazabilidad hídrica, eléctrica y laboral es un proyecto con riesgo regulatorio, reputacional y contractual latente. Regular a tiempo siempre resulta más barato que litigar después.

Hay además un contraste que define la seriedad con la que el país entra en esta economía. Mientras se anuncian US$1.300 millones en infraestructura privada, el presupuesto de MinCiencias pasó de cerca de $267.000 millones en 2025 a poco más de $120.000 millones en el proyecto de 2026: el más bajo en la historia de la cartera y 0,02% del presupuesto nacional. Invertimos alrededor de 0,3% del PIB en investigación y desarrollo, frente a 2,71% del promedio de la Ocde. Graduamos 18,3 doctores por millón de habitantes cuando el promedio latinoamericano es 65. Y bajamos del puesto 61 al 71 en el Índice Global de Innovación. Con esa aritmética no se construye una industria de inteligencia artificial. Se construye un buen lugar para alojar la de otros. Y la distinción decide qué parte de la cadena de valor nos corresponde: un país puede aportar suelo, energía y exenciones, o puede aportar talento, datos bien gobernados y capacidad de diseño. Lo primero es una renta y se agota; lo segundo es una economía y se acumula. La diferencia no la define el mercado, sino decisiones de política pública que hoy no están tomadas.

Conviene decirlo sin ambigüedad, porque la inversión extranjera es bienvenida. El problema no es que lleguen centros de datos; es que lleguen sin que nadie haya preguntado por el agua de la cuenca, por la carga sobre el sistema de transmisión ni por el empleo local que dejan más allá de la obra. Todo eso es negociable hoy y muy difícil de renegociar después.