Se habla mucho de la política de educación superior y la propuesta que el gobierno nacional ha socializado al país. También el sector ha hecho sus reflexiones a través de las diversas asociaciones y líderes y expertos han levantado la voz para expresar sus análisis críticos. Surge así la pregunta ¿qué cambios en la política son necesarios para asegurar que los estudiantes estén preparados para aprender y desempeñarse laboralmente y como ciudadanos comprometidos socialmente en un mundo donde la inteligencia artificial desempeña un papel más importante?

Los lineamientos actuales de política educativa en Colombia se pueden identificar en el Plan Decenal de Educación, con un horizonte planteado a 2026, con 10 líneas principales: Regular y precisar el alcance del derecho a la educación, la construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación, el establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles, la construcción de una política pública para la formación de educadores, impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado hasta el momento, impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza y la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida.

En ese sentido, cabría identificar cómo estas líneas se articulan con las necesidades actuales del sistema educativo, mediado por las condiciones que impone el uso de tecnología y la inteligencia artificial (IA). El decálogo desarrollado en el plan decenal, parte de premisas generales, y algunas que se pueden articular con estas necesidades. Por ejemplo, respecto al elemento segundo es necesario generar mecanismos efectivos de articulación entre la academia, los sectores público y privado y la sociedad. La IA y la tecnología deben estar al servicio de la educación, y una visión articuladora impactará en la pertinencia de los procesos de formación. Esto lleva a pensar los programas de formación como un servicio que compete a varios sectores, no solo a las instituciones educativas. En cuanto al punto tres del plan decenal, esto se debe traducir en leyes y decretos reglamentarios que garanticen una adaptación rápida, desde lo curricular, a los cambios tecnológicos que impactan cada uno de los campos del conocimiento. Un sistema burocrático, que conlleva tiempos excesivos para las modificaciones curriculares, siempre estará rezagado con respecto a las exigencias del entorno. Igualmente, debe haber impulso a los programas a distancia y virtuales, a la hibridación y a la multimodalidad, toda vez que ellos están mediados por el uso de TIC y aportarán a la resolución de problemas de adaptación a las demandas de la sociedad, así como a los desafíos de cobertura educativa que se ha planteado el gobierno nacional. Es decir, se debe lograr mucha más coherencia entre las políticas de aseguramiento de la calidad y su real fomento; flexibilidad con oportunidad y calidad contextualizada.

En Colombia y el mundo, las políticas educativas responden a necesidades -y condiciones- que existían hace 30 años o más. Sin embargo, los avances tecnológicos que se han dado en las últimas décadas, y en particular, la aceleración de dichos procesos a raíz de la inteligencia artificial y su mayor involucramiento en los procesos educativos lleva a replantearse las líneas de política que orientan la educación a nivel global, y por supuesto, en el ámbito nacional.