En la campaña presidencial actual hemos escuchado hablar de empleo, de productividad, de “habilidades para el siglo XXI” y de la economía que heredará quien suceda al actual presidente. Pocas veces, casi nunca, escuchamos la pregunta que está debajo de todas estas categorías: ¿para qué educamos? Educar es, por definición, una actividad orientada a un fin: no se educa “en general”, sino siempre hacia cierto tipo de persona, cierto saber y cierto modo de vivir y convivir. Y la pregunta por la finalidad es anterior a la del método. No es posible juzgar si una reforma educativa es buena sin saber para qué sirve, ni decidir qué enseñar y cómo evaluar sin haber respondido para qué educamos.

El problema es que en nuestro debate público ganó, sin contradictor, una sola respuesta: la educación como inversión en capital humano. Formar para el empleo, dotar de competencias útiles al mercado laboral, contribuir al crecimiento. Es una respuesta legítima y de innegable fuerza práctica; ninguna economía seria puede desentenderse de ella. Pero es apenas una parte. El filósofo de la educación Gert Biesta recuerda que toda educación opera en tres dimensiones que no se reducen entre sí: la calificación, los conocimientos y destrezas que permiten hacer algo; la socialización, el modo en que nos incorporamos a una cultura y a un mundo compartido; y la subjetivación, aquello que ayuda a cada quien a devenir un sujeto que piensa y juzga por sí mismo. El peligro de nuestro tiempo, advierte, consiste en reducir todo el propósito educativo a la primera, olvidando que también formamos personas y ciudadanos.

Esa reducción, además, ha empezado a fallar incluso en sus propios términos. La inteligencia artificial generativa está volviendo abundante y barato precisamente aquello que una educación puramente instrumental sabe producir: la ejecución de tareas, la destreza rutinaria, la respuesta correcta. Lo que seguirá siendo escaso y, por tanto, valioso -también en clave económica- es lo que esa lógica desatiende: el criterio para decidir qué pregunta vale la pena, la capacidad de juzgar entre información y conocimiento, la atención sostenida que el propio diseño de nuestras pantallas erosiona a diario. Una economía de la atención que fragmenta la concentración no es un detalle de mercadeo: ataca la condición misma de aprender.

Martha Nussbaum lo formuló con crudeza hace años: cuando un país sacrifica las humanidades y la formación del juicio en aras de la rentabilidad inmediata, no solo empobrece a sus ciudadanos, sino que pone en riesgo a su democracia y, a la larga, a su propia capacidad de innovar. La paradoja es elegante y debería interesar a cualquier ministro de Hacienda: la formación que parece “improductiva”, la que cultiva el carácter, el criterio y la deliberación, es la que sostiene la productividad de largo plazo. Lo fácil de medir no siempre es lo más importante de formar, y lo más importante de formar rara vez es fácil de medir.

Quien gane el 21 de junio no heredará solo una economía con cuentas fiscales tensas y una informalidad persistente; heredará una generación. A esos jóvenes les hemos prometido empleabilidad y “aprendizaje a lo largo de la vida”, un concepto de doble filo: puede ser una expansión emancipadora -aprender por el gusto de crecer- o la subordinación de toda la existencia a una exigencia perpetua de actualización al servicio del mercado. Cuál de las dos cosas resulte ser dependerá menos de la cifra que se invierta y más de la respuesta, casi nunca explícita, a la pregunta por el para qué.