El informe de inteligencia sobre la presencia de células de grupos armados en diez universidades públicas, y el anuncio del presidente De la Espriella de entrar a los campus, han puesto a la educación superior en el centro del debate de orden público. Es el lugar equivocado para tenerla, pero es donde está, y conviene decir algo distinto de lo que ya se ha dicho: la pregunta que importa no es si la policía puede entrar a un campus, sino qué debe ocurrir dentro de él para que esa pregunta deje de formularse.

Un campus no es territorio neutro ni recinto extraterritorial. Es un dispositivo de civilización: el único lugar que una sociedad construye deliberadamente para enseñarle a un joven a disentir sin destruir, a probar lo que afirma y a responder por lo que hace. Cuando cumple esa función, produce ciudadanos, ciencia y trabajo. Cuando la abandona, el vacío no se queda vacío, lo ocupa quien llegue primero, y en Colombia sabemos bien quién suele llegar primero.

Sabemos que hoy Colombia tiene 2.723.364 estudiantes en educación superior y una tasa de tránsito inmediato del colegio a la universidad de 47,91%, la más alta desde que se mide. Nunca habíamos tenido tantos jóvenes adentro. El campus es, literalmente, la mayor concentración de futuro del país. Lo que allí se construya o se degrade tiene consecuencias por décadas. Propongo cinco decisiones concretas, no declaraciones.

Primera: gobernar. No hay autonomía sin autoridad legítima efectivamente ejercida. Un reglamento estudiantil que no se aplica no protege a nadie; es una invitación abierta. Cada institución necesita protocolos propios de convivencia, procesos disciplinarios ágiles y con debido proceso, control real de acceso y trazabilidad de sus espacios. La autonomía universitaria se defiende ejerciéndola, no invocándola. El gobierno institucional no puede perder su capacidad de gobernar.

Segunda: enseñar a disputar. Un campus que forma con seriedad en argumentación, manejo de evidencia y deliberación reglada le quita oxígeno al dogma. La radicalización prospera donde el pensamiento se abarata. Cátedras de controversia, debates con reglas, tesis que se defienden ante quien piensa distinto: eso es infraestructura de paz, no actividad extracurricular.

Tercera: acompañar al joven concreto. Salud mental con capacidad instalada, mentoría académica desde el primer semestre, financiación que no se rompa en el tercero, empleabilidad verificable al final. Nadie que tenga un proyecto de vida en marcha necesita que le presten uno. Cuarta: abrir el campus. El encapsulamiento ideológico es hijo del aislamiento. Prácticas en empresas, investigación aplicada con alcaldías y gremios, proyectos con las comunidades vecinas, laboratorios abiertos al tejido productivo. Una universidad que trabaja con su territorio no tiene tiempo ni razones para volverse trinchera. Y una empresa que entra al campus a formar y contratar hace más por la seguridad nacional que muchos operativos.

Quinta: rendir cuentas. Autonomía y opacidad no son sinónimos. Publicar indicadores de permanencia, graduación, empleabilidad y convivencia; auditar el uso de recursos; explicarle al país qué se hace con lo que se recibe. La transparencia es el argumento más fuerte que una universidad puede oponer a quien quiera intervenirla.

Ninguna de estas cinco decisiones se toma con un decreto ni con un cordón policial. Todas dependen de que rectores, consejos y profesores acepten una incomodidad: la seguridad de un campus no es un asunto de porterías, es un resultado pedagógico. Esa es la competencia real. Y la estamos perdiendo cada vez que discutimos si la policía entra, en lugar de discutir qué encontraría si entrara.