La ciencia en Colombia funciona raramente. ¿Por qué? Cada quien tiene su parte de la verdad y nadie responde por el problema completo. Con la llegada del nuevo gobierno, pareciera que hay un enfoque distinto que priorizará la investigación aplicada, la transferencia tecnológica y la articulación regional. Es una apuesta sensata y también creíble. Pero si el ministerio se limita a conectar laboratorios con empresas, corre el riesgo de repetir el error que describió Edgar Morin: producir eficacia técnica acompañada de irresponsabilidad social. No basta con un presupuesto de apenas $120.709 millones, con una caída de casi 55% que, según El Tiempo, lo habría dejado en el nivel más bajo de su historia. Los países desarrollados invierten, en promedio, 2,5% del PIB en ciencia y tecnología, América Latina ronda 0,7% y Colombia está lejos incluso de ese promedio regional.

El primer reto no es técnico, sino político: lograr que Hacienda deje de tratar la ciencia como un gasto que se puede recortar y la vea como la inversión con mayor retorno de largo plazo que tiene el país. El segundo reto pasa por lo que medimos. El sistema nacional premia lo que se puede contar: artículos indexados, citas, categorías de grupos. Cuando el producto que vale es el artículo, el conocimiento de la comunidad termina tratado como un simple dato, y a ella se le devuelve una publicación en inglés que nunca va a leer. En mi campo lo llamamos extractivismo epistémico. Un ministerio que pide impacto social mientras evalúa solo con indicadores bibliométricos está enviando una señal contradictoria. El modelo de medición de grupos necesita reconocer como producción válida lo que las comunidades usan. El tercer reto es la interdisciplinariedad de verdad. Hoy casi todas las convocatorias piden proyectos “interdisciplinarios”, y casi ninguna sabe evaluarlos. La literatura internacional reciente lo muestra con claridad. Juntar buenas disciplinas no produce síntesis por sí solo, porque los lenguajes, los criterios de validez y los valores de cada campo funcionan como barreras. Y cuando llega la evaluación, los pares vuelven casi siempre a estándares de una sola disciplina. Lo que resulta de ahí son proyectos que yuxtaponen capítulos, sin integrar nada. Si Minciencias quiere resolver problemas complejos como la deserción, la salud mental, el agua o la seguridad alimentaria, necesita paneles evaluadores formados para juzgar la integración y convocatorias que financien el tiempo que cuesta construir un lenguaje común. Ese tiempo no es ineficiencia; es la condición del resultado. El cuarto reto son las regiones y sus saberes. La brecha entre Bogotá, Antioquia y Valle y el resto del país no es solo de recursos; también es de reconocimiento. El saber de la maestra rural, de la autoridad indígena o del productor campesino sigue catalogado como “testimonio” y casi nunca como conocimiento. Boaventura de Sousa Santos lo resumió en una frase que un ministro de ciencia debería tener en el escritorio: sin justicia cognitiva no hay justicia social. Descentralizar la ciencia no es repartir regalías entre gobernaciones. Es crear capacidades estables en los territorios para que ellos mismos formulen las preguntas. Nada de esto contradice el énfasis en innovación y productividad. Al contrario, es lo que lo hace sostenible. La interdisciplinariedad sin ética termina en tecnocracia. La ética sin integración de saberes se queda en buenas intenciones ciegas. Y la transformación sin paz es apenas silencio administrado.

El gobierno y la comunidad académica investigadora tienen la oportunidad de dejar de preguntar cuántos artículos publicamos y empezar a preguntar ante quién responde la ciencia colombiana. Mientras la respuesta sea “ante los indicadores”, los recortes seguirán siendo fáciles de justificar. Si, en cambio, pasa a ser “ante los problemas del país”, ningún presupuesto podrá recortarla sin pagar un costo.