En marzo de 2020 el covid-19 generó conmoción e incertidumbre en cada una de las familias colombianas, no solo por lo desconocido que era el virus, si no por el desafío que esto representaba para el sistema de salud de nuestro país.

Para ciudadanos de otros países la pandemia no solo fue sinónimo de enfermedad sino también de incertidumbre económica, pues muchos no tuvieron con qué pagar gastos médicos por todo lo que implicaba. Si bien representó un esfuerzo extraordinario para el Estado, para los ciudadanos de a pie, la asunción de eventuales costos por tratamientos asociados a la pandemia no fue una preocupación. Si bien la pandemia retó al sistema de salud a aumentar su capacidad administrativa y a disminuir rápidamente sus barreras de acceso. Con este abrupto choque generado por la pandemia, los colombianos pudimos evidenciar de primera mano, que, aunque persisten muchos retos, se han logrado grandes avances en materia de salud.

Colombia ha logrado que su sistema de salud funcione como un sistema solidario que administra el recurso de una manera equitativa, posibilitando una cobertura integral que cobija a toda la población incluyendo la más vulnerable, facilitando el acceso a cualquier servicio, desde la entrega de medicamentos, citas con especialistas o tratamientos de enfermedades de alto costo.

Es así como se ha logrado la cobertura más alta de América Latina. Según el Banco Mundial (2021), durante los últimos años nuestro sistema de salud se ha consolidado de tal forma que 95% de los colombianos tiene cobertura o acceso a la salud. De ese porcentaje, 47% corresponde a población subsidiada, algo que en 1993 era impensable, ya que en ese año el indicador de cobertura era de 23,5%.

Lo anterior, ha posicionado al sistema de salud de Colombia, como uno de los que demanda a los ciudadanos menores gastos de bolsillo de América Latina y el Caribe. Esto significa que sus usuarios no se deben endeudar o perder sus bienes para pagar el tratamiento de una enfermedad. Gracias a su estructura, el gasto en salud se estima en 15%. Cabe destacar que en la década de los 90 este gasto representaba 53%.

Ahora, para que esto siga funcionando y podamos seguir siendo garantes de la salud y vida de los ciudadanos, la corresponsabilidad entre los diferentes actores es fundamental y debe prevalecer entre el Estado como rector del sistema, las entidades aseguradoras que tienen la responsabilidad de cuidar la vida de las personas a través de la gestión del riesgo y los prestadores de servicios de salud quienes tienen la responsabilidad de brindar las atenciones a los afiliados.

Como aseguradores debemos desplegar todas las acciones encaminadas a lograr el acceso equilibrado al sistema de salud, detectando los factores de riesgo de los afiliados y canalizándolos en múltiples programas de prevención que mejoren la calidad de vida de los usuarios. Así, como de velar por un servicio oportuno, cercano de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y de responder porque los costos de acceso sean sostenibles para la población.