El riesgo regulatorio no es nada nuevo cuando hablamos de invertir en la segunda economía más grande del mundo. Sin embargo, rara vez los inversionistas han estado frente a una oleada de regulaciones que amenazan con frenar el crecimiento y acabar, en algunos casos, con modelos de negocio completos en China.

En los últimos años hemos visto como el presidente Xi Jinping ha reforzado su influencia sobre todos los aspectos de la sociedad. El único campo fuera de su control hasta ahora, son los gigantes tecnológicos privados que crecieron rápidamente logrando amasar grandes cantidades de datos corporativos, información sensitiva y personal. Al partido comunista, le preocupa que si estas empresas privadas siguen creciendo al ritmo actual sin un entorno regulatorio adecuado, podrían eventualmente ejercer influencia y potencialmente convertirse en una amenaza para el estado.

China desde finales de la década de 1990, con ayuda de capital y empresarios preparados en el extranjero ha intentado convertirse en un referente tecnológico a nivel global buscando imitar el enfoque de innovación solo antes visto en silicon valley. Dentro de todo, han tenido éxito. Empresas como Alibaba, Tencent, Baidu, JD.com, se han convertido en modelos a seguir y propulsores de innovación, incluso por encima de sus pares internacionales. El rápido crecimiento que tuvieron estas empresas no hubiera sido posible sin el apoyo tácito del gobierno el cual adoptó por muchos años un enfoque permisivo y de poca intervención, mientras que a su vez protegía al sector tecnológico de competidores extranjeros.

En los últimos años, el auge de las campañas antimonopolio y de regulación tecnológica han sido principalmente promovidas por los Estados Unidos y Europa. Sin embargo, hoy en día se han convertido en un fenómeno global el cual busca frenar el alcance de estas compañías, nivelar el terreno de juego y específicamente limitar el poder político que estos gigantes pudieran ejercer. En el caso puntual de China, lo que ha dejado a muchos inversionistas sorprendidos es que lo que inició como una revisión de estabilidad financiera con la cancelación del IPO de Ant Financial y la creación de nuevas reglas para frenar las prácticas monopólicas en todo el espectro del Internet, rápidamente se ha perfilado como uno de los escrutinios más extensos contra el sector privado en décadas.

Es muy fácil dejarse llevar por los titulares y pensar que todas las empresas en China están en riesgo. Sin embargo, cuando analizamos cual ha sido el área de enfoque del partido socialista, los cambios regulatorios se han producido principalmente en los sectores de la nueva economía, específicamente en las empresas de software de internet orientadas al consumidor tales como Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd y Didi Global Inc, los cuales han sido unas de las víctimas de la reciente intensificación.

La repentina represión contra el sector tecnológico en China ha generado especulaciones sobre los factores que pueden estar impulsando estos cambios de política. Sin embargo, todo se relaciona con la agenda de largo plazo que posee el gobierno chino para mantenerse en el poder y afianzar el control absoluto.

Esta agenda de largo plazo tiene como objetivo posicionar a China como una economía socialista moderna, la cual busca priorizar el rejuvenecimiento de la nación, enfatizando una transformación económica impulsada por el crecimiento de industrias que el gobierno chino considera como prioritarias, tales como la industria de los semiconductores, la cual es necesaria para sedimentar el camino a nuevas innovaciones y a la independencia tecnológica, el desarrollo de energía renovable, la seguridad alimentaria y todo sector el cual aporte a la prosperidad común y el bienestar social de la nación.

Cuando hablamos de prosperidad común, este se ha convertido en uno de los principales pilares del gobierno chino y significa brindar un mayor enfoque al bienestar social para todos los hogares, atacar a los sectores que busquen exacerbar desigualdades y en definitiva fomentar la igualdad buscando disminuir las presiones sociales, que para las familias chinas de ingresos medios se resumen en: vivienda, educación y atención médica.

En base a esto y bajo el pretexto de seguridad nacional los reguladores chinos recientemente han centrado su atención en la industria de la educación, la cual según ellos ha perjudicado el bienestar social contribuyendo a las bajas tasas de natalidad que ha evidenciado el país. Según los reguladores los altos costos y un acceso poco igualitario han sido los catalizadores para regular a estas empresas y convertirlas en organizaciones sin fines de lucro, limitando su acceso a capital e incluso prohibiendo que coticen en bolsa. La represión vista contra el sector educativo y de tutorías demuestra que el gobierno no teme en acabar con una industria rentable para lograr sus objetivos sociales y políticos de largo plazo.

Sin lugar a duda, las recientes medidas contra el sector corporativo buscan crear un precedente de que ninguna empresa esta por encima de los ideales y objetivos del partido mientras que se busca ejercer control sobre las corporaciones más poderosas del país y sus fundadores multimillonarios.

Es posible que a medida que el gobierno afiance su cambio de política y se centre en el reequilibrio e igualdad económica, veamos extenderse el alcance de las regulaciones a otros sectores creando nuevas olas de volatilidad. En definitiva, los caprichos de los reguladores en Beijín y el enfoque de priorizar el bienestar social y la seguridad nacional sobre la estabilidad del mercado seguirá representando un riesgo para los inversionistas que buscan aprovechar el crecimiento de la segunda economía del mundo. No obstante, es importante mencionar que, aunque los cambios regulatorios en curso continúen y veamos nuevas victimas en el camino, no se anticipa que el enfoque regulatorio interno tenga un efecto de contagio a nivel global.

Con colaboración de Eduardo Andrés González Ciccarelli