No más impuestos

No soy economista −me habría encantado serlo−, pero bajo la óptica de una ciudadana informada, entre otras cosas por mi oficio, en esta ocasión propongo una mirada desde las inquietudes de millones de colombianos que, con preocupación, presencian un nuevo intento para imponer mayores cargas tributarias ¿Por qué? ¿Lo que ya se recauda no alcanza? ¿En realidad se necesita? Estos son los cuestionamientos que nos hacemos quienes a diario salimos a ganarnos nuestro sustento mientras asistimos al cierre de una administración plagada de escándalos de “presunta” corrupción.

Para empezar, algo de contexto: $26,3 billones convierten esta poco empática iniciativa en la más ambiciosa de las muchas reformas tributarias presentadas hasta ahora. Aunque el Ministro de Hacienda públicamente ha dicho que estarían dispuestos a bajarla en “generosos” $10 billones; el monto inicial será recordado por su osado apetito. Pero eso no es todo. De aprobarse, las personas naturales con altos ingresos terminarían pagando 41% de impuesto de renta. La tasa más alta de la región que en la actualidad ocupa Chile con un 40%.

Si bien, Colombia es un país en el que los salarios jugosos están reducidos a un pequeño círculo; también es un país que insiste en descargar el recaudo sobre un mismo grupo de actores e individuos que están al borde de la asfixia. En la que parece una clara desconexión de los mandatarios con su gente; cada 18 meses, desde 1990, concurrimos desconcertados al debate de otro revolcón tributario. Ya vamos en 21. Desalentador panorama al que se suma la desconfianza inversionista que tal promedio genera ¿Quién puede planear así a futuro? Ni usted ni yo ni la tía Rita ni la microempresa de la esquina.

Y, el control de gastos del Gobierno, ¿para cuándo? Excelente pregunta. No es responsable presentar presupuestos desfinanciados como no lo es, tampoco, radicar una ley de financiamiento −con el monto más alto de la historia, repito− cuando es de público conocimiento que las órdenes de prestación de servicios, en el primer semestre de este año, suman $5 billones en más de 110.000 contratos. Crece la burocracia, paradójicamente la ejecución es baja e inamovible resulta la negativa a apretarse el cinturón en materia de funcionamiento pese a los llamados que con insistencia se siguen haciendo. Sencillo análisis desde el sentido común, de una ciudadana común, insisto.

Lo cierto es que, recordar que en la Ungrd se robaron $380.000 millones, según reconoció el propio Olmedo López, aunque se cree que la suma podría llegar a $1 billón, genera una amargura aún mayor de cara a las movidas económicas que pretende el actual Gobierno. Con un Congreso en campaña, algunos apuestan por el hundimiento de una medida a todas luces impopular. Sin embargo, la discusión debería trascender la conveniencia o inconveniencia política del momento para concentrarse en el problema de fondo: la feria de reformas tributarias a las que nos vienen sometiendo.

El bolsillo no aguanta. Trabajar duro para que todo se vaya en impuestos es hoy la realidad de un pueblo que ve cómo sus gobernantes −porque se trata de una conducta histórica−, derrochan y dejan deshonrosos legados de entramados corruptos que nunca llegan a las cabezas.