Prohibido enfermarse en Colombia

Solemos pensar que el dinero lo es todo y, sí bien, el dinero lo permite casi todo; existe un intangible que solo cuando se manifiesta con su ausencia nos recuerda que se trata del mayor activo que puede tener un ser humano. Me refiero a la salud. Esa, que este Gobierno ha convertido en el caballo de batalla de una ideología de oídos sordos y por cuenta de la cual, a conciencia, ha terminado por compincharse con la indolencia. La implosión es evidente en medio del que no pasa de ser un desordenado intento por materializar “supuestos cambios”.

El llanto de Luis Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, logró viralizar la desgarradora situación de una entidad que repite la historia por la que cientos más ya han tenido que pasar. Personal médico sin recursos para pagar su comida o transporte, carencia de insumos, interminables denuncias de interrupción de tratamientos por escasez de medicamentos y el mayor registro de muertes de pacientes con enfermedades huérfanas desde 2018, con un total de 2.033 en 2025, según reportes de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, Fecoer, reflejan la realidad de una crisis que desde la cartera de salud e incluso desde la propia presidencia, insisten en negar.

Enfermar se volvió un viacrucis en Colombia y no por sentirnos sanos podemos conformarnos con mirar de reojo el padecimiento de quienes hoy sufren los efectos del famoso “chu chu chu” que sin reparo, desconociendo la responsabilidad que implica ser la cabeza de un país, vocifera con orgullo, cada que puede, el actual Gobierno. Nadie tiene la salud comprada ni puede comprarla la mayor de las fortunas. Mucho menos cuando la estructura que debería respaldar tal derecho fundamental, irónicamente, yace moribundo.

En el desfinanciamiento del sistema y el estancamiento en el flujo de recursos está la bolita. Dos inamovibles que fungen como represalia por el fallido camino de una reforma a la salud que, haciendo gala de sus autores, nació sin interés alguno de concertación. Lo mismo ocurre ahora cuando la Nueva EPS, intervenida hace más de un año y con una cifra superior a 11 millones de afiliados, se ahoga en su propia debacle. Lo dicen los voceros de pacientes, lo reitera Fecoer, lo reafirma la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas, también Acemi: en las reuniones programadas para tratar este y otros temas de vital importancia para el sector, notorios son los vacíos, los desaires, las evasivas y los silencios del ministerio en propiedad y de la Superintendencia de salud.

Sin voluntad política ningún lamento será suficiente. Por eso, en los siete meses que quedan, nada cambiará. Seguiremos viendo largas filas de pacientes rogando por sus tratamientos y mendigando por sus medicinas. Escena inaceptable en un país que en 2016, de acuerdo con los parámetros que mide la Organización Mundial de la Salud, tenía uno de los porcentajes más bajos del mundo en cuanto a la destinación de ingresos familiares a gastos en salud. Y es que, en su mayoría, los cubría el Estado (20,6% frente a 42,7% de América Latina). Casi 10 años después, advierte la Defensoría del Pueblo que las personas tendrían que utilizar hasta 90% de sus ingresos para cubrir los medicamentos que no les están entregando.

¿Qué tienen para decir sobre esto los candidatos y precandidatos presidenciales?, ¿cuáles son sus propuestas para salir de este desmadre gestado en cuatro años? Garantizar el acceso a la salud tiene que preocuparnos tanto como nos trasnocha recuperar el orden público, la seguridad, el devenir de la economía y la generación de empleo. En cualquier momento esa persona que lleva semanas rogando que la atiendan podría ser usted o yo.