¿Quién dio la orden?

La frase que por años hizo carrera entre los detractores del expresidente Álvaro Uribe poco a poco se convierte en el lema del reciente escándalo de corrupción que se une a la seguidilla de dudosos episodios en el Gobierno Petro. ¡Qué ironía!

Mientras a cuenta gotas se devela un entramado que suma y suma nombres; ante la pregunta: ¿quién dio la orden?, abundan las ambigüedades y los titubeos. No obstante, como lo que está en juego, para los confesos implicados, es un principio de oportunidad que les permita salir bien librados del chanchullo al que accedieron; debería ser ante la justicia en donde pongan fin a sus lagunas mentales y silencios.

Delatar hacía arriba. Esa es la condición para negociar beneficios o inmunidad total con la Fiscalía. Entre mayor sea el calibre del personaje salpicado y siempre y cuando pueda corroborarse, mayor será la gracia concedida. Por el momento, bastante mediáticos, los directos ejecutores dicen tener las pruebas de sus afirmaciones.

Lo cierto es que un desfalco del tamaño del que nos estamos enterando, difícilmente lo materializan solo dos personas. Ni en la mejor obra de ficción cabría que, a motu proprio, un par de funcionarios deciden, un día cualquiera, ofrecer millonarias sumas de dinero a congresistas y arriesgar sus pellejos por amor a una ideología y en pro de una agenda legislativa.

Caeremos en lo de siempre. En un desgaste nacional inclemente de dimes y diretes

Sin prejuzgar, porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario; es claro que hay una larga lista de involucrados detrás de este armazón corrupto que dejó a La Guajira, de nuevo, en el olvido. Con la promesa del agua a medias, bicicletas con pimpinas ―en pleno siglo XXI―, y un programa de ollas comunitarias paralizado. La historia se repite cual círculo vicioso.

‘En mi vida lo he visto’, ‘Jamás me he reunido con fulanito’, ‘Tendrá que probarlo’. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo mismo? En los pulsos de poder el hilo siempre se rompe por lo más delgado. Siempre hay un chivo expiatorio. En este caso, quienes aseguran haber seguido indicaciones, lucen decididos a contarlo todo. Esperemos que tal ímpetu no tenga precio.

Lo que viene, se convertirá en una prueba de independencia para la institución que dirige la fiscal Luz Adriana Camargo, cercana al ministro de Defensa, Iván Velásquez. También para la flamante Comisión de Acusaciones y para el Congreso en pleno que, pese a las circunstancias, escabulle examinarse. La desconexión es tal, que en la Cámara de Representantes, aprueban artículos de la reforma pensional sin siquiera escucharlos.

Entre tanto, caeremos en lo de siempre. En un desgaste nacional inclemente de dimes y diretes. De señalamientos y negaciones. Otra vez, el libreto de ‘acusados indignados’ se tomará las primeras planas y entraremos en una especie de déjà vu.

Ni en el proceso 8.000 ni en los falsos positivos ni en la financiación de Odebrecht a las campañas presidenciales hemos llegado a la cima de las responsabilidades. Dudo, por tanto, que esta vez sea distinto. En Colombia, el que la hace nunca la paga. Aun así, estamos obligados a seguir preguntado hasta el cansancio: ¿quién dio la orden?

Ahora bien, si el Presidente desconocía tamaña estrategia delictiva, como aseguran los principales cuestionados; a lugar, entonces, una pregunta adicional: ¿quién lleva el timón en Casa de Nariño?