La realidad de Irán y el momento para Colombia

Vivir en Irán implica el riesgo permanente de prisión por oposición política o comentarios en redes sociales. Escritores y cineastas pueden ser señalados como enemigos del Estado o de Dios tras cruzar líneas invisibles de crítica. En muchos casos, personas inocentes son arrestadas y forzadas a realizar confesiones televisadas antes de ser ejecutadas con fines políticos. Esto no es ficción: es la realidad cotidiana de Irán.

La tragedia iraní no radica en la falta de recursos. Rico en petróleo y gas, Irán debería gozar de prosperidad. Sin embargo, su PIB real per cápita era más antes de la Revolución de 1979 que hoy. Más de la mitad de la población vive en la pobreza, con acceso limitado a la salud, y escasez de agua. Mientras tanto, los hijos de las élites del régimen viven cómodamente en ciudades como Londres y Toronto, beneficiándose de aquello que el régimen denuncia como decadente. Estas contradicciones definen a una teocracia que reclama autoridad divina.

En este contexto surgen las protestas actuales. Miles de iraníes han salido a las calles pacíficamente, enfrentando una represión que ha dejado miles de muertos. El movimiento es transversal y diverso: incluye bazaaris (comerciantes tradicionalmente conservadores), sectores de izquierda, estudiantes y ciudadanos religiosos que rechazan un régimen que actúe en su nombre. Cabe destacar que una parte significativa de los manifestantes apoya al príncipe Reza Pahlavi, cuya visión moderna y secular ofrece una vía hacia una transición democrática imbricada con una monarquía constitucional, concepto presente en la memoria histórica persa.

Colombia tiene hoy una relevancia mayor de lo que suele asumirse en este conflicto. Irán ha expandido su presencia en América Latina, específicamente en Cuba, Nicaragua y Venezuela, para contrarrestar la influencia estadounidense, y Colombia no es ajena a esta estrategia. Teherán mantiene una embajada en Bogotá, pese a que Colombia no cuenta con representación diplomática en Irán. Esto ocurre en un país que, aunque ha sostenido una estrecha cooperación de seguridad con Estados Unidos, atraviesa hoy tensiones con Washington. En ese escenario, la postura del presidente Petro resulta útil y oportuna para los intereses iraníes.

Al mismo tiempo, el perfil de Colombia en el mundo musulmán ha crecido. Tras el ataque de Hamás contra Israel, Petro se posicionó como defensor de la causa palestina, acusó a Israel de genocidio y rompió relaciones diplomáticas. Al margen de cualquier juicio de valor, esta postura le ha otorgado una visibilidad sin precedentes en Oriente Medio.

¿Por qué, entonces, el silencio frente a la represión en Irán? La respuesta puede ser políticamente comprensible, pero es moralmente indefendible. Sectores de la izquierda latinoamericana ven a Irán bajo un lente romántico antiimperialista, ignorando violaciones sistemáticas de derechos humanos. Esto sucede a pesar de que activistas iraníes, con posturas ideológicas similares a las que Petro ha predicado, han sido ejecutados por miles - incluyendo menores de edad - según confirma la ONU.

Como señala el historiador de Stanford, Abbas Milani, “los países deben decir al régimen que no se puede matar para acallar la demanda de cambio de un pueblo”. El presidente Petro, producto y beneficiario de una democracia liberal, tiene la responsabilidad institucional de actuar con una necesaria claridad moral. El momento ha llegado.