El pasado 28 de febrero, La República dedicó su editorial al debate que surgió tras la publicación de la cifra de desocupación para enero de este año, en medio de un ambiente político marcado por el aumento de más de 20% de salario mínimo y la cercanía de las jornadas electorales.
El diario resaltó la importancia de contar con una autoridad estadística como el Dane, capaz de recopilar, ordenar y presentar las cifras del país, garantizando que la información se produzca y analice con estándares internacionales, metodologías transparentes y la independencia técnica necesaria para evitar una “guerra desinformativa sin cuartel”.
No es la primera vez que el crecimiento económico, la inflación o la tasa de desocupación generan controversias públicas; ha sucedido en distintas administraciones y debería entenderse como algo propio de una democracia. Pero el debate no es el problema; por el contrario, es saludable siempre que se dé con rigor técnico y la cultura estadística suficiente para comprender lo que los datos muestran, cómo se producen, cuáles son sus alcances, limitaciones y su interpretación. Los debates pueden ser técnicos sin volverse pesados y confusos. De hecho, cuando se sustentan con evidencias ayudan a comprender mejor la realidad, pero cuando eso falta, se corre el riesgo de derivar en desinformación, por lo que el papel de los medios resulta fundamental para traducir las cifras en mensajes comprensibles y promover discusiones basadas en evidencia y no en percepciones.
Desde su creación en 1953, el Dane ha contribuido a que Colombia se conozca y se entienda mejor. Los censos, encuestas y demás operaciones estadísticas han generado conocimiento, herramientas para la gestión pública y una memoria que permite observar con claridad la realidad económica, social y, más recientemente, ambiental, convirtiéndose además en un referente indispensable para interpretar los cambios y elevar la calidad del debate con información rigurosa. Ese ha sido su propósito y el norte que ha guiado la entrega de resultados concretos.
Para consolidar esa institucionalidad, el país fortaleció su arquitectura estadística con la Ley 2335 de 2023, que reafirmó al Dane como rector del Sistema Estadístico Nacional. Más que un cambio normativo, la Ley constituye un mandato claro para fortalecer la confianza en las cifras oficiales, permitiendo identificar brechas sociales, territoriales y económicas que, de otra manera, permanecerían ocultas y sin ser un bien público.
Esto se materializa en quienes hacen posible la producción estadística: recolectores y recolectoras que, bajo el sol o la lluvia, visitan barrios, municipios y veredas para recoger información, así como equipos técnicos con años de experiencia que diseñan metodologías, verifican la calidad de los datos y analizan los resultados.
De esta manera, las cifras dejan de ser solo números para convertirse en una brújula de la realidad económica y social. El reto sigue siendo fortalecer la cultura estadística y promover que ciudadanos, medios y tomadores de decisión usen esta información de manera técnica y constructiva, para que el debate democrático se enriquezca y el país avance hacia una sociedad más desarrollada.