La alergia de las empresas frente a la política es fruto de un mal entendido entre la politiquería de transacciones e intereses individuales y el interés legítimo en la construcción de entornos sostenibles en lo social, lo ambiental y, obviamente, lo económico, que propician la creación, el desarrollo de conocimiento y crecimiento de las industrias. Es claro entonces que las empresas tienen el derecho y el deber de involucrarse con los recursos de conocimiento, experiencia y capital para contribuir a mejorar las condiciones de si mismas, clientes, accionistas y grupos de interés.
En la Constitución aprobada en 1886, el Presidente elegía, además de los ministros a gobernadores y ellos a su vez a los alcaldes de sus respectivos departamentos, intendencias y comisarias. Esto tenía como ventaja un gobierno centralizado y obediente pues, de lo contrario, los subordinados corrían el riesgo de perder su trabajo. Era claro que el sistema no permitía los disensos, ni la participación, ni la solución de problemas desde los territorios, pues el flujo de posibilidades, recursos y poder era de arriba hacia abajo.
Con la Constitución de 1991, aún en implementación, cambió radicalmente la gobernanza del país. Esto se puede asimilar a la inversión de una pirámide: la base se convierte en la parte superior con todo el poder para planear, decidir, ordenar y ejecutar presupuesto, pese a la ineptitud de algunos mandatarios locales, la falta de competencias en los dirigentes de lugares apartados, la imbecilidad de algunos alcaldes, la multitud de congresistas que no hacen nada por su región y la cantidad de cortes y magistrados que quieren volverse famosos, peleando entre ellos y resolviendo sillón de Bogotá.
No obstante lo anterior, hay funcionarios honestos y comprometidos, juntas de acción comunal organizadas, universidades con presencia en el campo y empresarios comprometidos que siguen trabajando y tejiendo el entramado de la nueva Colombia con éxito desde lo local y lo regional.
Sin embargo, hay que reconocer que la mayor barrera en territorio es la disparidad en las capacidades de los verdaderos líderes; y que hay que seguir ayudando para que desde las veredas, asociaciones, grupos con mayor conocimiento, preparación técnica y capacidad de inclusión y de hacer concesos, puedan hacer y ejecutar proyectos.
Un ejemplo poco conocido es el esfuerzo de funcionarios del gobierno nacional que en los municipios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial ), y en cumplimiento de los acuerdos, han hecho una labor ejemplar de acompañamiento en planeación, identificación de proyectos, priorización de alternativas, construcción de procesos, aseguramiento del marco legal, consecución de recursos con resultados ejemplares. Todo eso en esquemas multipartitos, donde también los empresarios han sido determinantes pues han brindado conocimientos, competencias y recursos.
Debemos ser consientes que el país es cada vez mas incluyente; que la igualdad en género, en el acceso a la educación, salud, servicios públicos, a la propiedad privada y goce de bienes públicos es cada vez mejor, pero que aún falta mirar estratégicamente a la Colombia rural con enfoque diferencial y la aproximación multiescala, reconociendo diferencias bióticas, abióticas, culturales y productivas, donde la cultura, los conocimientos distintos, con la ayuda de la academia, las empresas y desde lo local se acuerden las alternativas, los recursos, las políticas públicas, para dar soluciones a sus necesidades y problemas.