Antes del 15 de septiembre próximo, las cuatro comisiones económicas del Congreso, terceras y cuartas de Senado y Cámara deberán decidir sobre el monto del presupuesto para el 2026. Es la primera y trascendental decisión, de ella dependerá saber si vuelve a salir por Decreto o, de lo contrario, se vuelve Ley de la Republica.

El gobierno presentó una propuesta de $556.9 billones, el 28.9% del PIB, de los cuales está financiado $530.6 billones y depende del futuro de una Ley de Financiamiento para obtener los $26.3 billones adicionales. Al igual que con el presupuesto del 2025, esa situación deja dos escenarios.

El primer escenario, poniendo de acuerdo gobierno y comisiones económicas, es establecer el monto del presupuesto en lo radicado por el gobierno. En este caso, como en ocasiones anteriores, el Congreso se compromete a avanzar en el estudio de dos proyectos simultáneos, el del presupuesto, con horizonte al 20 de octubre, y el de financiamiento, sin límite de tiempo, aun cuando el PGN es vigente a partir del 1 de enero de 2026.

El segundo escenario, el desacuerdo entre gobierno y comisiones económicas, que puede conducir a marchitar tempranamente la discusión del presupuesto y sacarlo por Decreto. En este escenario cabe mas de una alternativa, desde poner como monto lo que se encuentra financiado, los $530.6 billones y dejar a un lado la Ley de Financiamiento, hasta sugerir montos diferentes, siempre por debajo del radicado por el gobierno.

En cualquiera de los dos escenarios, la discusión de fondo se da en el lado del gasto y la presión por comprimirlo. Este presupuesto tiene un rebalanceo entre Inversión y Deuda, a diferencia del 2025, la primera se mantiene mientras la segunda baja. En cifras, la Inversión efectiva de este año es de $78 billones que se propone subir hasta $83.7 billones en el 2026, mientras el servicio de la deuda se reduce de los $112.6 a $102.5 billones, la mayor parte en intereses.

El tema central es el funcionamiento, equivalente al 65% del PGN y la fuente de sus inflexibilidades. Tomando precios corrientes se hacen comparaciones escandalosas, algún medio tomó como referencia el presupuesto de funcionamiento de 2022, era $211.3 billones, contrastándolo con el de 2025, de $329.3 billones, para concluir en un desproporcionado incremento de $118 billones en solo tres años.

Una mirada de mayor detalle y en un periodo más amplio atenúa esas conclusiones escandalosas. En primer lugar, trasladar la comparación a precios constantes, eliminando el peso de la inflación tan alta de los años 2022 y 2023, en segundo lugar, extendiendo la comparación hasta 2015 (gráfica), con tres gobiernos y, en tercer lugar, evaluar lo que significa funcionamiento, que no es burocracia.

Al mirar las cifras a precios constantes, lo primero que queda visible es que el año 2022 no es buen punto de comparación, ni para el total del PGN ni para los gastos de funcionamiento.

En el periodo 2015 – 2025 es mayor el 2021para el total del PGN ($465.3 billones) y el 2020 para el funcionamiento (($302.6 billones), de tal manera que, descontada la inflación, la pregunta es por qué subieron los gastos de funcionamiento en $18 billones y el total del PGN en $46 billones, respecto al mayor dato anterior, que no fue de este gobierno?

El PGN total sufre incremento sustancial por pago de deuda y las transferencias. Los gastos de funcionamiento se incrementan por todo tipo de transferencias aprobadas por Ley. El mayor impacto lo da la inflexibilidad de la formula para liquidar el Sistema General de Participaciones SGP, que va a seguir creciendo por efecto del Acto Constitucional del 2024, y las pensiones, sostenidas por el tesoro nacional para regímenes especiales y exceptuados.

Los gastos de personal, alrededor de $60 billones, son los que han generado la mayor reacción. La mitad de esos gastos los tiene la fuerza pública, militares y policías, y su incremento se explica por el reconocimiento de mejores pagos a la base militar, núcleo de la defensa nacional. Un tercio va a la rama judicial y la variedad de IAS, incluidas Fiscalía, CGR, Procuraduría, Defensoría e Impec. El resto es la administración pública formal y de nómina, sin Ordenes de Prestación de Servicios OPS, que van en rubros de Inversión nacional y del SGP territorial.

El debate del PGN para 2026 terminará en: i) se aprueba el monto y Congreso discute Ley de Financiamiento, convirtiendo el PGN en Ley, o ii) no se aprueba monto, sale por Decreto y se suspende lo que no este financiado. Para ponerse de acuerdo, tendría que haber una propuesta razonable de qué recortar en funcionamiento: bajar el tamaño de la fuerza pública, adelgazar las IAS, eliminar transferencias, ¿cuáles?