El presupuesto de inversión del GNC es el remanente de los de funcionamiento y pago de deuda de la Nación. En el proceso presupuestal se identifican los ingresos potenciales y con ello se establece un monto o limite superior, que es lo primero que aprueba el Congreso, que constituye la “restricción presupuestal”, por encima de la cual no se puede proyectar ningún gasto, dado el principio de que todo gasto debe estar financiado.

Dado el monto de ingresos, el presupuesto de gastos cubre inicialmente el funcionamiento, servicios personales, gastos generales y transferencias, tres rubros que tienen 96% de inflexibilidad, a pesar de todos los mensajes de austeridad que se incluyan, y el servicio de la deuda, que se encuentra en función del acumulado de deuda y las tasas de interés pactadas.

La diferencia entre ingresos y los gastos de funcionamiento más deuda es el remanente que queda para organizar el presupuesto de inversión. Entre más deuda haya que pagar, menos inversión se puede proyectar. El pago de la deuda es considerado prioritario y la inversión residual, no obstante, esta última es la que genera capacidades para nuevos ingresos y capacidad de pago.

La inversión tiene tres grandes componentes: i) la inversión social expresada en subsidios y transferencias a población focalizada, niñez, adulto mayor, etc., a partir de entidades como Icbf y Dps, ii) la inversión en infraestructura comprometida en gobiernos anteriores y proyectada hacia adelante o vigencias futuras, y iii) la nueva infraestructura proyectada por el gobierno en curso.

La inversión social es recurrente y requiere ser programada todos los años, representa en 2025 unos $15 billones, mientras la infraestructura nueva está en función del espacio dejado por las vigencias futuras. La infraestructura requiere procesos de maduración, que van desde una idea hasta cumplir requisitos de fase tres, factibilidad y estudios de detalle, para ser considerada viable presupuestalmente, en ese proceso se consolida la fase contractual y constructiva que no se da en un solo año, por lo que se convierte en compromiso de varios años o vigencia futura.

Con corte a octubre de 2024 se tienen identificados compromisos por $194 billones, a precios de 2024, hasta el año 2053, de los cuales el sector transporte concentra 80%, en proyectos viales y férreos urbanos. El flujo de caja para cumplir esos compromisos es sostenido y está amparado por todo tipo de contratos, independientemente de los avances de obra, en 2022 se cubrieron $22,3 billones, en 2023 el flujo fue de $18,4 billones, en 2024 de $23,4 billones y se prevé en 2025 pagar $30,7 billones (cuadro).

¿El debate principal es por qué están concentradas en pocas regiones del país? Detrás de cada vigencia futura aprobada hay un largo proceso de estructuración, documento Conpes, licitación pública, fase constructiva de larga duración, etc, todo lo cual requiere acuerdos políticos, que difícilmente logran las regiones más atrasadas.

Las vigencias futuras se concentran en Antioquia y Bogotá, las obras incluidas son Metro de Bogotá, Transmilenio y aeropuerto El Dorado, Autopistas Mar 1 y 2, Pacífico 1, 2 y 3, Túnel del Toyo, Metro de la 80, etc. Por supuesto, también hay 4G y 5G, sin embargo, no se entiende porque no se ha dado prioridad a obras como las de acceso a Quibdó o la Panamericana Sur.

El segundo debate se relaciona con los compromisos de flujo de caja sin que corresponda con avances de obra. Este gobierno ha girado todos los recursos comprometidos, a pesar de que hay obras paralizadas, y eso incluye la proyectada obra Mulalo-Loboguerrero, que no tiene avances, sin embargo, hay $2 billones girados por la Nación. Las cláusulas contractuales obligan a girar recursos y soslayan el cumplimiento de la obra.

El tercer debate se relaciona con el espacio presupuestal dejado para otras obras y nuevas áreas de desarrollo. El desarrollo regional es totalmente desequilibrado y profundiza las desigualdades y el espacio para nueva inversión se encuentra restringido por la inflexibilidad generada en las vigencias futuras y el carácter remanente de su presupuesto. No es que el Gobierno odie a alguna región, sino que esa región tiene bastante y quiere más, dejando las migajas para el resto del país.