De Lincoln a Abelardo

En 1862 Nathaniel Gordon fue condenado a muerte por participar en el tráfico de esclavos. Aunque desde 1820 la legislación estadounidense castigaba esa conducta como piratería, durante más de cuarenta años la pena nunca se había aplicado. Los traficantes sabían que, al final, aparecería un indulto.

La familia de Gordon y numerosos ciudadanos pidieron clemencia. Abraham Lincoln, conocido por su carácter humanitario y por estudiar cada situación desde diferentes perspectivas, se negó a sustituir la condena por prisión perpetua. Además de la suerte del condenado, pensó también en las futuras víctimas. Si el Gobierno retrocedía otra vez, los traficantes de un comercio tan vil como el de los esclavos entenderían que podían continuar enriqueciéndose porque el Estado nunca llegaría hasta las últimas consecuencias.

La ejecución de Gordon, el 21 de febrero de 1862, no acabó por sí sola con el tráfico de esclavos, pero puso fin a una larga etapa de tolerancia oficial. La ley dejó de ser una declaración retórica y se convirtió en una advertencia cierta. Lincoln comprendió una verdad esencial: cuando el Estado anuncia sanciones que nunca aplica, no está siendo misericordioso; está estimulando la repetición del delito.

Durante décadas, Colombia convirtió la negociación con los grupos armados en una política permanente. Hubo amnistías, indultos, ceses al fuego, penas alternativas, suspensión de órdenes de captura y reconocimiento político. Algunos procesos permitieron desmovilizaciones, pero sus beneficios no impidieron el crecimiento del narcotráfico, la aparición de disidencias y el reciclaje de organizaciones criminales.

Los colombianos nos acostumbramos a que quien tiene armas, controla territorios y causa bastante daño puede exigir beneficios jurídicos y políticos.

La Paz Total llevó esta contradicción a su expresión más grave y dolorosa. Los diálogos no fueron una última oportunidad para abandonar el crimen, sino una manifestación de que el Estado estaba dispuesto a negociar aunque continuaran reclutando, extorsionando, traficando y controlando territorios.

Al finalizar 2025 las organizaciones armadas sumaban más de 27.000 integrantes, un crecimiento de 23,5% en un año. El Comité Internacional de la Cruz Roja calificó las consecuencias humanitarias de ese año como las peores de la última década.

Para el Gobierno preservar las mesas fue más importante que proteger a las comunidades.
Por eso, la elección de Abelardo De La Espriella se dio en buena medida como una reacción frente al debilitamiento de la autoridad.

Su aparente estrecha victoria en la segunda vuelta representó el apoyo de una mayoría electoral a una promesa concreta: acabar con la idea de que las armas otorgan privilegios y devolverles credibilidad a la Constitución y a la ley. Y digo aparente, porque, a la luz de las últimas informaciones, cuatro millones de votos de Cepeda no fueron propiamente una expresión democrática.

Colombia debe revaluar la doctrina según la cual todo grupo que alcance suficiente capacidad de violencia merece una negociación política. El Estado puede ofrecer sometimiento, garantías procesales y reinserción a quienes abandonen las armas, pero no reconocimiento político a organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el control criminal de la población.

La nueva regla debe ser clara: primero cesan los delitos, entregan las armas, liberan a los secuestrados, entregan sus bienes ilícitos y aceptan una verificación efectiva; después podrían recibir beneficios individuales, condicionados y revocables. Quien reincida debe perderlos inmediatamente. Negociar no puede seguir siendo el premio por haberse convertido en un grupo de violencia y destrucción.

El gran error en Colombia es que el Estado ha modificado las normas para acomodarlas a las exigencias de los grupos armados. Así ocurrió con el acuerdo de Santos y con la Paz Total de Petro: sin violar la Constitución, se crearon regímenes que protegen más a los victimarios que a las víctimas y a los ciudadanos, debilitando la justicia y la autoridad. Lincoln entendió que la clemencia mal aplicada podía prolongar el sufrimiento de miles de inocentes.

Colombia expresó en las urnas que está cansada de una paz que premia al violento y desprotege al ciudadano. La gran responsabilidad de Abelardo De La Espriella será convertir ese mandato en autoridad legítima, justicia eficaz y presencia estatal.

Nota: ¿Puede el nuevo Gobierno solicitar a la Fundación Premio Nobel la revocatoria del Premio Nobel de Paz del expresidente Santos y así hacer justicia con las víctimas y con los colombianos de bien?