Venezuela, Irán, Palestina, Líbano ¿Colombia también?

Algunos países, por decisión de sus líderes políticos y con el apoyo de parte de su población, deciden apoyar a movimientos terroristas o de narcotráfico, convirtiéndose en amenaza para la paz mundial. Un buen ejemplo son Venezuela e Irán. Esto obligó a aquellos países más amenazados a intervenir, con el fin de evitar que creciera el peligro. El riesgo era tan alto que ni Rusia ni China, sus aliados naturales, salieron en su defensa.

Otros países se convierten en estados fallidos en un proceso lento y doloroso. El deterioro ocurre lentamente, casi de manera imperceptible. Y cuando menos pensado, la institucionalidad no tiene capacidad de controlar lo que sucede dentro de su propio territorio. En los años ochenta surgió Hezbolá en el Líbano, una milicia apoyada por Irán. Inicialmente se presentó como un movimiento de resistencia frente a Israel, pero con el tiempo se convirtió en una organización con poder militar, político y social. Empezó a participar en el parlamento libanés, con ministros en el gobierno y con una fuerza armada más poderosa que el propio ejército libanés. Finalmente, el Líbano perdió el monopolio de las fuerzas armadas.

Igual le ocurrió a Palestina con el movimiento terrorista Hamás.

Cuando eso ocurre, el país deja de ser soberano. Las decisiones ya no dependen exclusivamente de las instituciones democráticas, sino de otros actores armados presentes en el territorio.

Así fue como el Líbano, que en las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado se denominaba la Suiza del Medio Oriente, se convirtió en un escenario permanente de conflicto regional. Durante décadas, Colombia ha sido el país de América Latina con mayor presencia de organizaciones armadas ilegales. Guerrillas, disidencias, narcotraficantes y grupos criminales han coexistido con el Estado, desafiando su autoridad y controlando territorios enteros.

Hoy persisten grupos como el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y múltiples organizaciones criminales operando en regiones donde el Estado tiene una presencia limitada. En muchos de esos territorios, la autoridad real no es el gobierno colombiano, sino las estructuras criminales. Y, para mayor desgracia, algunos sectores de izquierda plantean que la solución al conflicto es incorporar a los grupos insurgentes a nuestras fuerzas armadas.

Cuando las milicias al margen de la ley conservan sus armas y, al mismo tiempo, adquieren legitimidad política, el resultado no es la paz, sino la captura progresiva del Estado. El poder político termina subordinado a las estructuras criminales.

El caso de Hezbolá es ilustrativo. El Líbano está secuestrado y no puede tomar decisiones sin considerar el poder militar de esta organización. El Estado existe formalmente, pero la realidad del poder es otra.

La expansión de las economías ilegales, el fortalecimiento de las disidencias, la persistencia del ELN y la debilidad institucional en varias regiones del país son un problema que no podemos seguir tratando con ingenuidad.

La normalización tácita del narcotráfico agrava aún más nuestra situación: este es el combustible que alimenta a todos los grupos ilegales. Sin narcotráfico desaparecerían la mayoría de esos grupos.

¿Estamos dispuestos a seguir tolerando que los narcoterroristas operen dentro del sistema político y territorial del país? Las naciones que han permitido esa situación suelen pagar un precio muy alto.

Venezuela, Irán, Palestina y el Líbano se habían convertido en estados fallidos. Los dos primeros por culpa de gobiernos radicales y dogmáticos que, con apoyo de parte de la población, fortalecieron grupos al margen de la ley, y los dos últimos por debilidad de los gobiernos y permisividad e indiferencia de la población. Esperemos que, con la intervención externa en curso, recuperen el rumbo. ¿A cuál grupo se podría parecer Colombia?

La historia demuestra que cuando las fuerzas armadas de un país pierden capacidad de acción y legitimidad, cuando se pierde el monopolio estatal de las armas, se pone en riesgo la democracia. Un país donde los grupos ilegales tienen más poder que las instituciones termina siendo un país fallido. ¿Evitaremos que Colombia también lo sea?

Nota: Los empresarios pequeños, medianos y grandes, con dos, mil o diez mil trabajadores, no pueden olvidar que la empresa más importante que tienen se llama Colombia.