Un nuevo e importante estudio sugiere que el proceso de paz estimularía en adelante el crecimiento de la economía colombiana en 0,3% anual. Aunque importante y significativo, este cálculo dista mucho de estimativos del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quién ha venido pregonando que el dividendo de la paz podría elevar en 1% anual el crecimiento de la economía colombiana. 

Quizás, uno de los argumentos más importantes del estudio y por lo cual resulta ser que los beneficios potenciales del acuerdo sea inferior al calculado por parte del Ministerio de Hacienda es que para el autor lo que se denomina el dividendo de la paz ya se está recibiendo. Su visión, que para muchos críticos se calificaría como de Uribista, es que el crecimiento que ha venido registrando en estos años Colombia por encima de sus pares como Chile y Perú podría estar reflejando las mejoras registradas en la seguridad nacional.

Pero esto no es todo, el trabajo en referencia, que ha sido preparado y publicado por Francisco Rodríguez, economista para los países andinos de Bank of America y Merrill Lynch, sitúa los costos presupuestales anuales que se derivarían de los acuerdos de La Habana en 1% del PIB. 

El autor argumenta que estos podrían ascender inclusive hasta 3,8% del PIB anualmente si el acuerdo entre el gobierno y las Farc resulta ser muy ambicioso y destaca, en particular, que, a su juicio, los costos de convenir el acceso a la tierra que requiera una reforma agraria masiva sería muy alto al tomar en consideración las necesidades de dotar de tierras a la población desplazada. También resalta los costos de la desmovilización y de reparación a las víctimas que se derivan de los diversos puntos de la agenda que se discute en Cuba, así como el montaje de un nuevo sistema de justicia transicional. 

Un estudio reciente de la Universidad de los Andes, Costos Económicos y Sociales del Conflicto en Colombia, resalta, por su parte, que entre 1985-2013 murieron 220.000 personas. También se tuvieron desaparecidos, víctimas de violencia sexual, reclutamiento de menores por los grupos armados, y millones de desplazados e indica que el conflicto en las décadas de los ochentas y noventas, según diversos estudios, causó pérdidas anuales estimadas entre 2% y 4% del Producto Interno Bruto, (PIB). También se han estimado otros costos como son los relacionados con la educación, salud, la producción agrícola de los pequeños campesinos, la ocupación, y los relacionados con el desplazamiento. Igualmente, destaca los costos sobre las empresas implícitos en el sacrificio de las inversiones a causa del conflicto.

Un aspecto muy importante que el estudio de Merrill Lynch resalta sobre los costos y beneficios del conflicto es que mientras los costos surgen en los primeros años, los beneficios del acuerdo son de carácter permanente y se distribuyen de manera mucho más uniforme en las décadas por venir. Esto significa un reto para las autoridades y es como se deben financiar los eventuales costos que se derivan de un acuerdo de paz que resultan ser de 1% anual del Producto Interno y si estos se deben financiar mediante mayores ingresos fiscales o con un mayor endeudamiento. 

Esto lleva a preguntarse, primero, que proporción de los ingresos fiscales de la reforma tributaria aprobada por el Congreso se destinarían a enfrentar los costos del conflicto o si se requeriría una nueva reforma tributaria y conducen al autor del artículo a plantear explícitamente que la modificación de la regla fiscal podría estar entre las cartas a jugar por parte del gobierno. No es clara la posición del Gobierno frente a estos interrogantes.