El pasado miércoles tuvo lugar la presentación y discusión del informe del Banco Interamericano de Desarrollo BID titulado, Colombia: Hacia un País de Altos Ingresos con Movilidad Social. El estudio plantea que para que Colombia logre convertirse en un país avanzado, con ingresos anuales por habitante cercanos a los US$30.000 hacia 2030, la economía requiere crecer a 6% anual, ritmo similar a la tasa de países asiáticos. 

Estas tasas de crecimiento se pueden alcanzar con el concurso del sector privado y duplicando la inversión pública anual con relación al PIB, para lo cual es necesario incrementar los recursos fiscales. En fin, se propone crear nuevos consensos sociales enmarcados dentro de “un Pacto por Colombia, que permita unir voluntades y talentos en el objetivo nacional común de construir un país desarrollado”. 

Se plantean tres grandes desafíos para lograr las mayores tasas de crecimiento: la productividad, la movilidad social y la efectividad del sector público. La efectividad de la gestión pública cubre los temas de la tributación y la inversión pública. Ante la caída de ingresos fiscales por hidrocarburos y las condiciones externas menos favorables, el BID sugiere adelantar una reforma tributaria integral aún más ambiciosa que la propuesta por la Misión de Expertos y que permita elevar la recaudación en al menos 6% del PIB en el lapso de siete años, acercando así la carga tributaria a niveles similares a los de los países de la Ocde. 

Con relación a la inversión pública, resalta la importancia de aumentar la calidad del gasto y la capacidad de gestión de la inversión pública. Para el Banco Interamericano de Desarrollo, las trabas institucionales que generan ineficiencias en la ejecución del gasto son numerosas; entre ellas, destaca la proliferación de normas y licencias que se deben tramitar con cada proyecto de inversión; los controles y decisiones que se multiplican y superponen, sin adecuada coordinación; y los procesos de consulta ciudadana que, aunque meritorios, llevan tiempos excesivos. La realidad, sin embargo, es que los problemas y distorsiones en la asignación del gasto público son profundos y estructurales. Colombia muestra un desempeño institucional muy deficiente que la coloca en la posición 123 de 144 países, por debajo del promedio de los países de la región, en áreas como eficiencia del Gobierno, nivel de transparencia, y seguridad. En efecto, las instituciones colombianas para analistas internacionales como James Robinson en su reciente artículo La Miseria de Colombia, se destacan por su carácter “extractivo” y de poco beneficio para la sociedad y, en gran medida, responsables de la pobreza y la violencia en Colombia. 

Parece difícil consolidar un Pacto Fiscal como el planteado por el BID si los contribuyentes sometidos a mayores cargas fiscales no están convencidos que los mayores impuestos se van a traducir en inversión pública de beneficio social para todos los colombianos y si no se reforman de manera estructural las instituciones que orientan la asignación de los recursos públicos y las instituciones políticas que facilitan el fraude, el clientelismo, el padrinaje y, en general, una deficiente asignación de los recursos del estado como es el caso del otorgamiento de apoyos directos a los productores ante presiones políticas y de paros de la actividad económica o laborales, en lugar de la provisión de bienes públicos con beneficio para toda la sociedad.