Los Premios Nobel de Economía, Banerjee y Duflo inician el primer capítulo de su más reciente libro Buena Economía para Tiempos Difíciles estableciendo que: “vivimos en la edad de la polarización creciente. De Hungría a la India, de las Filipinas a Estados Unidos, de Inglaterra a Brasil, de Indonesia a Italia, la conversación entre la derecha y la izquierda se ha convertido más y más en una lucha de altos decibeles, donde las palabras duras y las acusaciones mutuas dejan poca posibilidad para dar marcha atrás”. Esta aseveración también es aplicable a otros países de la América Latina como lo indican los casos de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia. Los autores agregan que lo preocupante de lo que viene sucediendo internacionalmente es que el espacio para desarrollar los diálogos sociales de manera pacífica y armónica parece estar encogiéndose no solo el área puramente político, sino en torno a lo que son los problemas sociales y que hacer sobre ellos. Esta reflexión es particularmente aplicable a nuestro país a raíz de las protestas registradas las semanas pasadas y las dificultades para concretar la conversación planteada por el presidente Duque y desarrollar un diálogo constructivo particularmente con el heterogéneo grupo de los organizadores del paro nacional.
Para la revista The Economist, lo sucedido la semana pasada en Colombia es simplemente un caso más de lo que viene ocurriendo en América Latina y es el rechazo generalizado a una clase política a la que se le acusa de corrupción en la asignación de los recursos públicos en países con problemas estructurales históricos que no se han podido resolver y que requieren soluciones de fondo como un sistema tributario más progresivo, medidas adecuadas para elevar el crecimiento de la economía y medidas sociales que favorezcan a los grupos mas débiles de la sociedad.
El problema radica, como lo pudimos advertir en estas semanas en Colombia es que para solucionar dichos problemas y elevar la productividad de la economía se requieren adoptar reformas estructurales como la pensional y laboral que encuentran gran oposición por los grupos representados por los organizadores del paro.
Para los mercados internacionales lo sucedido en Colombia reviste preocupación. Para estos Colombia entra en el club de países donde el descontento social se traduce una menor gobernabilidad y donde las presiones domésticas retrasaran la puesta en marcha de las reformas requeridas en Colombia como la pensional y la laboral. Juzgan que la incapacidad de ejecutar reformas estructurales orientadas a fortalecer los ingresos fiscales del gobierno en presencia de nuevas presiones por elevar el gasto público social va a debilitar la confianza inversionista en Colombia, a deteriorar el panorama fiscal y a correr el riesgo de que se rebaje la calificación soberana de Colombia. Según los inversionistas internacionales, la ola de disturbios sociales en América Latina está incrementando la prima de riesgo país en la colocación de bonos internacionales. Además, las protestas sociales aumentan la incertidumbre, y presionan la tasa de cambio y la inflación. Esta visión y preocupaciones sobre Colombia que se expresa desde el exterior, que compartimos también muchos colombianos, debe tomarse debidamente por los organizadores del paro a la hora de concretar sus peticiones. Debemos respaldar y ser solidarios con el presidente Duque y con las iniciativas de su equipo económico. No corramos el riesgo de destruir el buen manejo económico que nos ha caracterizado en las últimas décadas.