Posconflicto y economía

Roberto Junguito

El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera es una iniciativa que todos los colombianos debemos apoyar. Según lo explicó el Presidente Santos, la Agenda de la Mesa incluye la política de desarrollo agrario integral, que comprende el acceso a la tierra, infraestructura para regiones apartadas y prosperidad a los habitantes del campo; garantías para el ejercicio de la oposición política y participación ciudadana; el fin del conflicto armado, la dejación de las armas y reintegración a la vida civil y la solución al problema de las drogas ilícitas. El Ministro de Hacienda ha afirmado que un acuerdo de paz adicionaría dos puntos porcentuales a la tasa anual de crecimiento de la economía. Dicho resultado surgiría de una liberación de gasto militar cuyos recursos podrían canalizarse hacia la inversión, y de la mayor productividad general de la economía, dada la menor inseguridad interna. Su apreciación se fundamenta en estudios adelantados para el caso colombiano y en la experiencia internacional. Este impacto sería el dividendo de la paz en el  largo plazo.

En el mediano plazo, sin embargo, se espera que, como resultado del proceso de negociación, se proceda a asignar recursos para educación, salud, ayuda humanitaria, construcción de la infraestructura, y subsidios a los grupos más vulnerables en las regiones afectadas por el conflicto, así como para el apoyo financiero a los antiguos combatientes. Estimativos preliminares de la empresa Raddar y la Corporación Bienestar sugieren que el costo presupuestal del post conflicto puede ascender anualmente a  tres puntos del PIB. De otro lado, como está previsto en la Agenda, se deben convenir disposiciones dirigidas a la restitución de tierras y a eliminar la producción y el comercio de drogas ilícitas, así como a promover la sustitución de cultivos en las zonas que venían siendo ocupadas por los insurgentes. Las reformas sociales que se adopten deberán ser inclusivas  y operar en el marco de la economía de mercado. El Gobierno deberá determinar y convenir también el apoyo de entidades multilaterales y del sector privado en actividades como la generación de empleo para los excombatientes.

En el ámbito militar deberán estimarse los recursos presupuestales requeridos durante las conversaciones de paz y el posconflicto. La experiencia internacional indica que es difícil determinar el momento preciso en el cual los gastos militares se pueden comenzar a comprimir y en qué magnitud. Aunque la reducción de la presencia militar es un resultado natural del proceso de paz, en la etapa actual de conversaciones para la terminación del conflicto la intervención militar debe continuar siendo muy fuerte. Esto resulta ser especialmente cierto en el caso colombiano, dado que se ha establecido que no habrá cese de hostilidades y éstas seguramente tenderán a acentuarse, como de hecho ha venido sucediendo. Estas circunstancias elevaran los costos por terrorismo para las empresas privadas que, según el Informe Global de Competitividad, son ya los más altos en el escalafón mundial.

Aunque la situación de las finanzas públicas del país actualmente luce sólida, muy probablemente las necesidades de gasto público en las zonas de conflicto, sumadas a las derivadas de la política social vinculada con el proceso de paz y los requerimientos de apoyo militar, incrementarán las necesidades presupuestales por encima de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y exigirán que la reforma tributaria que presentará el Gobierno al Congreso busque no sólo mejorar la equidad, como estaba previsto, sino también incrementar la carga fiscal a los contribuyentes.