Los últimos meses legislativos en Colombia se vieron dominados por el llamado Fast Track, que no es más que un mecanismo para acelerar la toma de decisiones legislativas en torno a la implementación del acuerdo paz. El fast track contemplado en el acto legislativo 01 de 2016, disminuye el número de debates requeridos y además impide las proposiciones por parte de los congresistas para modificar los proyectos de ley, hecho criticado y modificado en los últimos días por la Corte. Estas facultades extraordinarias tenían caducidad el 30 de mayo del presente año, pero el gobierno ha pedido la ampliación de dicha gabela para continuar la implementación del controversial acuerdo.

 La idea del fast track incursionó en los Estados Unidos el 3 de enero de 1975 con el Presidente Ford. El trigésimo octavo presidente de esta Nación recibió al país en una fuerte crisis económica y política fruto de una preocupante recesión económica y del escándalo de Watergate. Esta herramienta legislativa ha permitido la expansión económica de Estados Unidos de una manera expedita y eficaz pues ha sido usada primordialmente para temas económicos.

 Que importante sería un fast track para la economía colombiana, un fast track que incentive la inversión privada, un fast track que mejore las condiciones laborales de los colombianos, un fast track que resalte la innovación y la investigación, un fast track que nos quite el premio de estar entre los países con más carga tributaria para las empresas en el mundo, pues “sin empresa privada robusta y en expansión no hay política social sostenible”.

 La economía colombiana sigue sin mostrar signos de recuperación. En el último trimestre creció un 1,1% según cifras del Dane, el pesimismo de los colombianos reflejado en las últimas encuestas sigue siendo fatal para el comercio según cifras de Fenalco y el descontento con el gobierno se ha transformado en numerosas protestas que empeoran el clima social y económico del país.

 El gobierno debería aprovechar los últimos meses que le restan para tomar medidas económicas con la misma “eficacia” y celeridad con las que ha tomado las que respectan al acuerdo con las Farc. Debería también defender con la misma vehemencia y coherencia el cumplimiento de los diferentes acuerdos que ha hecho con los profesores, con el gremio transportador y con la población de Buenaventura.

 Los réditos políticos del problemático acuerdo con las Farc no pueden enceguecer a los dirigentes respecto a las cifras económicas que presenta el país. Más incentivos para las empresas legales y menos para las que están por fuera de la ley.

 Post Scriptum: Preocupa lo que viene ocurriendo con las consultas populares respecto a los temas mineros en el país. Es preciso establecer reglas de juego claras con las empresas extranjeras. Esto sin olvidar que es posible la explotación de recursos de manera responsable con el medio ambiente y con la sociedad.