El pasado 27 de junio, luego de la segunda ampliación del plazo para el anhelado día D+150, el grupo guerrillero Farc entregó cerca de 7.100 armas a las Naciones Unidas. Fue un hecho trascendental para el país, pues un gran número de armas dejarán de ser disparadas y así de atentar contra los colombianos. Sin embargo, un sin sabor se toma un gran porcentaje de la ciudadanía pues en actos anteriores, el presidente Juan Manuel Santos resaltaba que se entregarían cerca de 14.000. Los colombianos están cansados de los dobles mensajes enviados por el Gobierno, lo cual se ve reflejado en el 12% de popularidad del presidente Santos.
Así pues, luego de la entrega de armas, comienza el reto del posconflicto, según lo planteado por los altos funcionarios del Gobierno. Sin embargo, las ciudades parecen estar por afuera de la agenda en esta importante etapa. Esto se ha demostrado con los diversos incidentes que han tenido los gobiernos municipales, entre ellos el de Medellín y el de Bogotá. Además, varios alcaldes expresan la falta de comunicación del Gobierno sobre lo que vendrá para sus ciudades.

Al respecto, menciona el profesor Carlos Alberto Torres que “la ciudad no aparece como un tema sustancial o explícito en las agendas, pese a que aproximadamente 75% de la población colombiana es eminentemente urbana, muy por encima del promedio mundial que se ha calculado en 51,3% según las Naciones Unidas”. Además, menciona también que “si bien es cierto que una mirada al posconflicto en Colombia parte en gran medida de la solución a los problemas de la ruralidad y sus dinámicas económicas y de habitabilidad, no es de menor importancia la condición urbana del país, teniendo en cuenta además que el mayor porcentaje de la población se concentra principalmente en cuatro ciudades -Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla-, las que acogen aproximadamente a una tercera parte del total de la población nacional, pero que gracias a esto tienen grandes problemas, evidenciados en el desempleo, la informalidad, el conflicto y la gobernabilidad urbana, entre otros”.

Asimismo, es importante mencionar que la desaceleración económica y el creciente déficit gubernamental ha golpeado también a las ciudades que ahora cuentan con un menor apoyo económico del Gobierno para sus proyectos. La financiación del posconflicto, calculada por el presidente en $54 billones, por la Comisión de Paz en $94 billones y por Bank of America en $187 billones, debe tener en cuenta las implicaciones de esta “nueva etapa” en las principales ciudades de Colombia.

Sin duda alguna, las ciudades serán las grandes receptoras de desmovilizados en el posconflicto, sobre ellas recaerán las nuevas transformaciones de criminalidad que derivan de este tipo de procesos. Es importante priorizar el establecimiento de lazos claros y fuertes de articulación entre el Gobierno y los municipios. Estos últimos son los actores principales para llevar a mejor puerto un proceso lleno de incertidumbres.