Es evidente que el país necesita una reforma política, laboral, a la salud, a la justicia, a la fuerza pública, al régimen territorial, a la Administración Pública y a varias áreas más de la vida social. Es igualmente claro que la visión que el Gobierno tiene de dichas reformas dista mucho de lo que la mitad del país aspira de ellas y, desde luego, es aún más lejana de las perspectivas que los sectores políticos tradicionales y los gremios poseen frente al presente y futuro del país.

Hoy parece imposible que quienes pueden tramitar esas reformas se pongan de acuerdo y por eso se han escuchado voces amenazantes de los sectores contrapuestos diciendo unos que si no se aprueban las reformas se pronostica un estallido social, mientras que los otros dicen que si se aprueban será el fin del sistema.

En un país tan convulsionado la única salida visible es la de la convocatoria de los factores reales de poder, es decir del Constituyente primario, para que la base popular sea quien soberanamente decida el rumbo de los próximos 100 años en nuestro país. Sí. Estoy hablando de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constitucional.

En qué consiste una asamblea de este tipo, cuál es su diferencia con una Asamblea Constituyente, cuál es su justificación y cuál sería su objeto, debería ser el primer punto en el que el país debe ponerse de acuerdo.

En mi condición de profesor universitario en las áreas del Derecho Constitucional y Administrativo, podría proponer como perspectiva preliminar de la discusión un debate racional sobre el tema, comenzando por precisar, en primer lugar, que una Asamblea Constitucional se diferencia de una Asamblea Constituyente en que mientras la primera se ocupa de una reforma a la Constitución Política existente, la segunda se usa para construir una nueva carta política.

Creo que no hay que llegar a los límites de la eliminación de la Constitución de 1991, sino reformarla en los aspectos clave que mencionamos al inicio de esta columna, pues evidentemente al país le urge redefinir su modelo de organización territorial pasando de un modelo unitario de corte centralista, a un modelo federal donde se respete la autonomía de las regiones y, adicionalmente, pasar del sistema presidencialista al modelo parlamentario, en donde se fortalezcan los partidos y se supere el individualismo machista, clientelista, caudillista e irresponsable políticamente en el que nos encontramos y que es el culpable en gran medida de la podredumbre moral en la que se encuentra nuestro sistema democrático en el que para llegar al legislativo se necesitan ríos de dinero que convierten a los copartidarios en enemigos, debilita la participación de la mujer, suprime el debate filosófico de las ideas e instrumentaliza las curules como forma de realización de transacciones comerciales de aprobación de leyes a cambio de puestos y contratos.

En estas condiciones, estoy seguro, solo la ruina ética se vislumbra en esta y cualquier sociedad que padezca estas patologías democráticas. Por eso hay que convocar al pueblo, no para que queme las instituciones en las calles, sino para que las reavive en el foro de la racionalidad política.