El trilema de la inteligencia artificial se presenta cuando, al momento de regularla, el Estado debe elegir entre proteger la seguridad nacional, impulsar la competitividad económica o garantizar la seguridad social. Las tres metas son legítimas. El problema es que no siempre avanzan juntas.

Más control puede reducir abusos y amenazas, pero encarecer la innovación. Más velocidad tecnológica eleva la productividad, aunque aumente la dependencia, la desigualdad y el desplazamiento laboral. Una protección social mal diseñada puede convertirse en una barrera que solo las multinacionales puedan soportar. Ese es el trilema: proteger, competir y conservar la confianza social sin sacrificar ninguna de ellas. Colombia, sin embargo, parece querer resolverlo con una fotocopia.

El Proyecto de Ley 065 de 2026, del Senado, pretende regular integralmente la inteligencia artificial. Habla de sistemas de alto riesgo, evaluaciones de impacto, supervisión humana, extraterritorialidad, vigilancia y sanciones. El lenguaje suena moderno; el problema es ignorar lo que cuesta hacerlo realidad.

El proyecto adopta el modelo europeo basado en riesgos. Pero Europa no se limitó a imponer obligaciones: creó una Oficina de IA, autoridades especializadas, estándares, instrumentos de cumplimiento y estímulos a la innovación. Regula con capacidad técnica, inversión y un mercado integrado. Colombia corre el riesgo de copiar el freno y olvidar el motor.

No es lo mismo exigir auditorías a una multinacional que imponerlas a una startup, una pyme o un emprendimiento local. Las grandes empresas podrán pagar abogados, consultores y certificaciones. Las pequeñas tendrán dos opciones: no innovar o comprarles tecnología a quienes sí puedan cumplir. Una ley presentada para proteger la soberanía tecnológica podría consolidar nuestra dependencia. El proyecto promete financiación, alfabetización, reconversión laboral e innovación, pero afirma que no genera impacto fiscal. Además, deja la gobernanza para una reglamentación posterior y asigna vigilancia sin demostrar capacidad institucional suficiente. Mucha norma y poca ingeniería pública.

Colombia debe regular la IA, pero no desde el miedo ni desde el complejo de inferioridad legislativa que lleva a creer que copiar a Europa equivale a convertirnos en Europa. La regulación debe concentrarse en usos de alto impacto -salud, justicia, crédito, empleo, seguridad y servicios públicos-, crear espacios de experimentación, diferenciar entre startups, mipymes y proveedores globales, medir costos y respaldar las obligaciones con financiación e infraestructura.

La pregunta no es si debemos proteger a las personas. Debemos hacerlo. La pregunta es si las protegeremos fortaleciendo nuestra capacidad para desarrollar tecnología o condenándolas a consumir la que otros produzcan.

Ese es el verdadero trilema colombiano: proteger, innovar y no depender. Si el Congreso no lo entiende, la regulación no gobernará el futuro. Lo frenará.