Con la aprobación por el Congreso de la ley que autoriza la participación de Colombia en calidad de miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, va culminando un proceso de varios años, al cual solo le falta el concepto favorable de la Corte Constitucional.

La primera aproximación gubernamental de Colombia a la Ocde se remonta al año 1976. La solicitud de adhesión se hizo en enero del 2011. En mayo del 2013 Colombia recibió la invitación formal para iniciar las negociaciones de ingreso. En septiembre del mismo año se definió la hoja de ruta para las mismas. A partir de 2014 se llevaron a cabo las evaluaciones por parte de 23 comités, se acogieron las recomendaciones y se implementaron las reformas que condujeron a aceptar a Colombia como país miembro de la Ocde en mayo de 2018.

El sólo anuncio de que se había iniciado el proceso de adhesión a la Ocde tuvo beneficios considerables para el país. De inmediato, se entendió como una señal clara de la voluntad de Colombia de profundizar su inserción en la economía internacional. Dicho de otra manera, el país ratificaba su decisión de descartar el proteccionismo y la autarquía como ejes de su modelo de desarrollo.

La participación en la Ocde equivale a un sello de calidad de las políticas públicas. Para la comunidad internacional y para los inversionistas representa una garantía de que la gestión gubernamental será conducida en conformidad con normas y procedimientos de carácter multilateral. Este es un aspecto valioso para los países que desean atraer la inversión extranjera.

Los inversionistas internacionales suelen preferir a las naciones emergentes que pertenecen a la Ocde. Así lo entienden los gobiernos de países como Argentina y Brasil, que han expresado su interés por ingresar a esa organización. Aceptar ser evaluado en comparación con países avanzados, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, constituye una manifestación ante propios y extraños, del propósito nacional de superar el subdesarrollo.

Adicionalmente a estas ventajas de tipo general, el país ha obtenido beneficios tangibles con las reformas implementadas a raíz de las negociaciones para obtener la aprobación por parte de los 23 comités. Estas reformas están encaminadas a modernizar las políticas públicas y las prácticas empresariales. Una lista parcial pero representativa de esas reformas incluye el fortalecimiento de las Superintendencias de Sociedades, Financiera, y de Industria y Comercio; la tecnificación de la autoridad estadística nacional; la ley de conglomerados financieros; el intercambio de información tributaria y las normas de gobierno corporativo de las empresas. Se han excluido a los ministros de las juntas directivas de empresas estatales y se ha promovido la competencia.

Estas reformas cuentan con el respaldo de la academia, la tecnocracia económica, el sector empresarial moderno y el Consejo Privado de Competitividad. No son del agrado de sectores proteccionistas, cartelizados, que defienden privilegios. Resulta por lo tanto oportuno enfatizar que la participación de Colombia en la Ocde es un tema prioritario de interés nacional.