La pregunta de personas amigas acerca del inicio del gobierno de Iván Duque no se presta a una respuesta sencilla. Hace necesario explicar el contexto y describir los factores atenuantes que condicionan un resultado que algunos consideran modesto. Se trata de un gobernante cuyo primer cargo oficial de responsabilidad es la Presidencia de la República. Se requiere cierto tiempo para adquirir familiaridad con el engranaje estatal y para ponerlo a funcionar. Proviene de un movimiento político de estructura caudillista. A diferencia de sus antecesores, el presidente Duque no es el jefe de su propio partido. Hechas las debidas salvedades, hay dos temas del comportamiento gubernamental que son susceptibles de mejoría: el ejercicio de la autoridad presidencial y el manejo de la política económica.

La labor de jefe de gobierno conlleva por definición el ejercicio de la autoridad. Hay casos en los cuales la autoridad se debe ejercer de manera explícita y tajante. El intento por parte de subalternos o de aliados políticos de atribuirse prerrogativas presidenciales es uno de ellos. Cuando el Embajador en Washington hizo unas declaraciones irresponsables, en materia grave, ha debido recibir una desautorización inmediata por parte del Presidente, y la admonición de atenerse estrictamente a sus instrucciones respecto a la política internacional del gobierno. Es inconveniente dar la impresión que la Casa de Nariño se opone a una eventual intervención militar en Venezuela, pero que determinados voceros gubernamentales tienen una posición distinta.

También hubiera requerido una desautorización presidencial contundente la iniciativa de una parlamentaria del Centro Democrático encaminada a aplicar criterios partidistas para nombrar a los comandantes de las Fuerzas Armadas. Ambos casos conllevan una intromisión indebida en temas de competencia exclusiva del Jefe del Estado: la política exterior y la política de defensa. Más bien que fallas protocolarias, las intromisiones mencionadas constituyen un irrespeto a la autoridad presidencial. La lógica del poder exige que esas infracciones tengan consecuencias. Abstenerse de ejercer la autoridad presidencial con firmeza en situaciones como las mencionadas no es señal de benevolencia sino de debilidad.

El manejo de la política económica requiere atención presidencial prioritaria. Mantener la estabilidad macroeconómica exige dedicación, disciplina y visión de conjunto. Una iniciativa de la importancia de la reforma tributaria ha debido tener el apoyo unánime del gobierno y el respaldo previo de la bancada parlamentaria amiga. Haber expuesto el proyecto de ley de financiamiento a la oposición del partido de gobierno produjo desconcierto. La inconformidad resultante condujo a una pérdida innecesaria de capital político.

Contar con un economista profesional entre los asesores del Presidente ayudaría a darle rigor técnico y coherencia a ciertas iniciativas que se están anunciando en forma improvisada en temas de comercio internacional y mercado laboral, entre otros.

Si bien las deficiencias iniciales no constituyen errores garrafales, algunas de ellas responden al calificativo de heridas auto-infligidas. Dicho esto, Iván Duque merece recibir apoyo y el beneficio de la duda. Es de esperar que las enseñanzas que dejan los primeros tropiezos sirvan para mejorar el desempeño.