Los acontecimientos recientes dejan una marca indeleble en el prestigio de la administración Petro que afecta su relación con la opinión pública, con los partidos políticos y con la comunidad internacional. Ha quedado en tela de juicio la legitimidad democrática del Gobierno. Desde la propia entraña del régimen, por discrepancias entre figuras del alto Gobierno, han salido a la luz comportamientos y formas de ejercer el poder que parecen extraídas de la novela ‘El Padrino’ de Mario Puzo.
Entre el estupor y el desconcierto, el embajador en Venezuela revela que obtuvo una financiación cuantiosa y non sancta para la campaña presidencial de Gustavo Petro; se hacen interceptaciones telefónicas ilegales; a la residencia de una funcionaria de la Presidencia llegaban maletas con grandes sumas en efectivo, sin que se sepa cuál era el origen del dinero ni quién era su beneficiario; muere en circunstancias extrañas un oficial de Policía, muerte que el Presidente se apresura a describir como un suicidio, certificación que le corresponde a Medicina Legal. Sobre algunos de estos hechos se deberán adelantar investigaciones exhaustivas, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones pertinentes. Mientras eso suceda, las revelaciones se prestan para formular especulaciones acerca de algo que deja un mal sabor.
Sin contar con la totalidad de los elementos de juicio y del resultado de las investigaciones, hay aspectos preocupantes que han quedado en evidencia. Mientras el Presidente especulaba acerca del cambio climático y la paz mundial, el manejo cotidiano del Gobierno le fue delegado a una asistente de veintinueve años de edad, con autoridad superior a la de los ministros. Al parecer, ella impedía las comunicaciones telefónicas directas entre los ministros y el Presidente, exigiendo que se hicieran por su intermedio. Crear un nivel de autoridad entre los ministros y el Presidente introduce una innovación nociva en el ordenamiento institucional del país. Implica conformar un centro de poder peculiar en el Gobierno, un poder sin control político ni rendición de cuentas, que se presta para los abusos y la corrupción.
De antemano, debe rechazarse el relato oficial de victimización. La desestabilización que ha tenido lugar se origina en la actuación de protagonistas del círculo presidencial íntimo.
A los partidos políticos y a la sociedad civil les corresponde la responsabilidad de promover una oposición responsable y vigorosa encaminada a fortalecer la institucionalidad democrática y a fijarle límites estrictos al ejercicio autoritario del poder presidencial. Dentro de ese orden de ideas deben apoyarse firmemente las instituciones de control, la Corte Constitucional, la economía de mercado y la libertad de prensa.
En el devenir de su trayectoria histórica, Colombia puede padecer ocasionalmente las consecuencias de un mal gobierno. Tal como sucedió en tiempos de Ernesto Samper, el país se ha dado cuenta que tiene un mal gobierno, frente al cual es necesario organizar la defensa aguerrida de los fundamentos de la democracia liberal.