En enero de 1949, Víctor Raül Haya de la Torre, fundador del Apra, quien estaba siendo perseguido por el gobierno del general Manuel Odría, se presentó en la Embajada de Colombia en Lima y solicitó asilo político. El Embajador Carlos Echeverry Cortés lo recibió y le concedió el asilo. El gobierno colombiano se rehusó a entregarles el fugitivo a las autoridades peruanas, quienes lo consideraban un criminal común. Haya de la Torre permaneció en la Embajada cinco años hasta cuando recibió un salvoconducto para salir del país.
En octubre de 1968, a raíz del golpe del General Juan Velasco Alvarado contra el presidente Fernando Belaunde, se asiló en la Embajada colombiana el ex primer ministro del gobierno derrocado, Fernando Schwalb. Poco tiempo después, se recibió noticia de que a Fernando Schwalb se le había permitido salir del país y que viajaba a Bogotá en el vuelo de Air France. El presidente Carlos Lleras me encomendó recibirlo en el aeropuerto, pero no en el auto oficial sino en mi auto particular, y acompañarlo a su alojamiento, en un apartamento que el empresario Antonio Paccini le facilitó al gobierno para ese propósito. No obstante la estrecha relación que había existido con el gobierno del presidente Belaunde, cofundador del Grupo Andino, el presidente deseaba evitar que el gobierno militar tuviera motivo de queja por una acogida demasiado ostentosa a Schwalb.
En agosto de 1975, el régimen de Velasco Alvarado fue sustituido por el General Francisco Morales Bermúdez, quien se proponía restituir el orden civil y normalizar las relaciones con la comunidad internacional. Como parte de ese proceso, solicitó el apoyo financiero de Colombia y Venezuela. En mi calidad de ministro de Hacienda, me correspondió proponer en la Junta Directiva del Banco de la República la aprobación de un crédito por cincuenta millones de dólares a favor del Banco Central de la Reserva del Perú. En 1991, el presidente Cesar Gaviria le concedió asilo político al expresidente Alan García, quien vivió en Bogotá varios años.
Estos episodios revelan el convencimiento de que mantener relaciones cordiales con el Perú coincide con un interés permanente de Colombia.
Con el Perú compartimos una frontera y el hecho de ser miembros fundadores de la Alianza del Pacífico. El comercio bilateral es vigoroso. Las inversiones colombianas en el Perú son significativas.
La destitución del presidente Pedro Castillo por el Congreso responde al ordenamiento institucional peruano. La frecuencia con la cual el Congreso hace uso de esa facultad es una fuente de inestabilidad gubernamental. Pero ese es un asunto de orden interno peruano, acerca del cual no son bienvenidas las opiniones de gobiernos extranjeros. Las declaraciones del presidente Petro sobre este tema causaron un serio malestar al gobierno peruano, con toda la razón.
Toda actuación que lesione las buenas relaciones con el Perú se contrapone al interés nacional de largo plazo.