Recientemente se celebró el aniversario de la creación del Ministerio de Comercio Exterior a comienzos de la década de los años noventa. Las autoridades gubernamentales que participaron en el evento hicieron una evaluación positiva de la apertura comercial y de la participación decidida en la economía internacional. Reconocieron que Colombia no podía crecer sólo a base del mercado interno. Se hizo un elogio de los tratados de libre comercio vigente y de su contribución al crecimiento de las exportaciones no tradicionales del país. Se mencionó la posibilidad de concluir la negociación del Acuerdo de Asociación Económica con el Japón, conocido como EPA, por sus siglas en inglés.

Estos planteamientos resultan novedosos porque contradicen el relato gremial proteccionista de los últimos treinta años, el cual ha sido acogido sin beneficio de inventario por varios dirigentes políticos, entre ellos, algunos pertenecientes al partido de gobierno. Durante la campaña presidencial del 2018 se adquirieron compromisos tales como el de no suscribir más TLC o el de suspender el proceso de adhesión de Colombia a la OCDE. Algunos de los planteamientos gubernamentales iniciales reflejaban una inconformidad con los acuerdos de libre comercio, así como la creencia de que la apertura comercial había sido perjudicial para la economía del país.

Una posible explicación para este saludable viraje es que la asesoría de los economistas del Departamento Nacional de Planeación a los cuadros técnicos de la Vicepresidencia y el ministerio de Comercio ha permitido imponer la argumentación conceptual en favor de una economía más abierta sobre la de quienes prefieren una economía cerrada.

Esta explicación es válida, pero es incompleta. A nivel gubernamental, la coherencia conceptual, por sí sola, no es suficiente para ganar la batalla contra los intereses proteccionistas. Esas batallas se ganan o se pierden en el terreno de la capacidad para ejercer presión política y en la correlación de fuerzas entre los voceros de la economía cerrada y los defensores de la competencia y la libertad de comercio internacional.

Lo que esto sugiere es que la presión proteccionista, que sigue siendo fuerte, no logra convocar un consenso empresarial o entre la sociedad civil. Hay sectores económicos y regiones que han prosperado gracias a la libertad de comercio y que tienen la capacidad de confrontar a los intereses proteccionistas. El país se ha adaptado a unas condiciones menos restrictivas de comercio internacional. Los consumidores se benefician al disponer de una mayor variedad de bienes de mejor calidad y menor precio. Por lo demás, ha transcurrido suficiente tiempo para constatar que las predicciones catastróficas que se hicieron a propósito de la apertura comercial resultaron infundadas. En vez de haberse arruinado, la agricultura está contribuyendo al crecimiento del PIB. Tampoco ha habido desindustrialización. El tamaño del sector manufacturero supera con creces al que había antes de la apertura. El tejido industrial es más denso y más diversificado.

La nueva postura gubernamental respecto al comercio internacional revela un reconocimiento pragmático del cambio que ha experimentado la economía del país.