Desde mediados del mes de febrero nos encontramos nuevamente en una mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segundo ciclo el cual realizamos en México, país garante en el proceso de paz. Con estos diálogos, todos los colombianos anhelamos tranquilidad, seguridad y por supuesto, el desarrollo económico y social que nos merecemos. A finales del año pasado, cuando fui invitada a formar parte de esta delegación de negociación, dudé en aceptar; sin embargo, el compromiso por el bien común, al igual que la actitud de servicio, me llevaron a asumirlo y participar de manera responsable en este gran reto.

Hablando de responsabilidad, existe un gran incumplimiento en los acuerdos firmados ante las comunidades que históricamente han estado abandonadas y expuestas a la narcoeconomía. Además, la división de los grupos disidentes ha desatado un fenómeno de atomización del conflicto. Por lo anterior, de manera reiterativa el ELN expresa que todo lo que se acuerda es mandatorio cumplirlo; así las cosas, desde la Delegación nos comprometimos que, si logramos firmar este gran Acuerdo con el ELN, el mismo debe convertirse en un compromiso de Estado.

Por ello, considero que es responsabilidad de la rama legislativa revisar a profundidad el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el cual contiene tres ejes transversales: paz total, actores diferenciales para el cambio y estabilidad macroeconómica.

Teniendo en cuenta la estabilidad macroeconómica, el Gobierno Nacional es responsable de coordinar la senda de reformas que considere necesarias para cerrar brechas sociales, mejorar las condiciones empresariales y transitar por una economía ambientalmente sostenible, pero bajo el compromiso de no alejar las inversiones, disminuir la incertidumbre y dejar las reglas del juego claras para que los empresarios inviertan y generen el empleo que el país tanto necesita.

En materia de Paz Total, en el Plan Plurianual se contemplan inversiones de forma transversal que se estiman en $50,4 billones, proyectando su ejecución en seguridad humana y justicia social ($32,1), convergencia regional ($7,1), derecho humano a la alimentación ($4,6), ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental ($1,9), transformación productiva, internacionalización y acción climática ($1,4) y otro rubro, transversal a las transformaciones ($3,3). Estos recursos representan la importancia de la paz en el contexto del país en los próximos años y, serán significativos en la medida que se manejen con responsabilidad e impacten sobre la población que de verdad los necesita. Igualmente, estos deben aportar hacia una dinámica empresarial territorial mucho más productiva y competitiva, no sólo frente a los mercados nacionales sino también, con mayor esfuerzo en los mercados internacionales.

Muchos colombianos responsables pensamos, que la paz no es posible sin que confluyan actores públicos y privados, bajo los principios democráticos consagrados en la constitución política: libertad, seguridad, derecho al trabajo, derecho a la libre empresa, y el deber de pensar y actuar respetando a los demás.