La regulación no es monolítica. Para ejercer la regulación de los servicios públicos en Colombia, especialmente para regular la electricidad y el gas, se requiere aplicar varios elementos que logren su instrumentación, se debe conocer de economía, entender técnicamente el servicio y la infraestructura que se utiliza para prestar el mismo, y se debe respaldar con la capacidad legal para implementar sus decisiones a través de resoluciones que materialicen las decisiones de política, cuyo marco regulatorio es la ley y los decretos, que en la actualidad existen.

Es indispensable, pero no suficiente, que las personas asignadas ejecuten su responsabilidad con seriedad, con carácter, y con una vocación de servicio. Por esto, en el país hemos tenido una evolución regulatoria en los últimos 30 años, lo cual ha sido instrumento para generar equidad, para ampliar el servicio, para desarrollar infraestructura, para abrir oportunidades a las empresas, y para impactar a los usuarios. Sin embargo, en ocasiones se ha perdido la línea, que es difícil de trazar entre la política y la regulación, entre la regulación y las decisiones que puedan privilegiar algún interés en particular y no el beneficio general, se ha difuminado su cumplimiento, se han perforado sus principios, y se han alterado sus fundamentales.

Actualmente se presenta un enjuiciamiento a la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), de la cual fui miembro hace más de 20 años, con la acusación de que no ha sido efectiva o transparente, o que ha sido cooptada por algunos intereses, sin profundizar en la raíz de su comportamiento y en los resultados de su ejercicio. Evaluar esto requiere conocimiento, análisis de precedentes, y un entendimiento causal; porque la regulación, además de todo lo anterior, demanda ser oportuna. Sí las decisiones se demoran, evitan, aplazan o sí se enredan en el proceso de consulta inoperantes, el daño que se causa por no adoptar una medida, es más grave, profunda y contundente su falta.

Decidir, tal vez no de manera perfecta, pero corrigiendo de acuerdo a los resultados de manera iterativa, es esencial, primordial e inaplazable. Dado que se ha pedido una discusión no hipócrita, se debe anotar que realmente el problema ha sido por un lado la alta injerencia de los diferentes gobiernos en las decisiones del regulador, la evidencia es el decreto reglamentario 1073 de 2015 que da las directrices claves del sector para desarrollar sus responsabilidades, modificado hasta ahora 52 veces, 7 en el presente gobierno. Por otro lado, la falta de valentía de algunos cuerpos regulatorios, que incluyen a los expertos y al gobierno, al preferir no adoptar decisiones y soslayar su responsabilidad, pensando que así evitarían cambios que en su criterio no deberían haber sido aplicados, que al final fueron implementados directamente o asignados a otras entidades; distorsionando los resultados, los mercados y los cargos tarifarios.

Por último, en el modelo sectorial vigente, la regulación es una de las piezas para que el servicio funcione, la otra es la planeación y, la tercera, fundamental, es el control y supervisión para que se aplique la primera. Este último eslabón que es el control de la regulación de los servicios públicos domiciliarios, fundamental para el logro de los objetivos de la política articulada por la regulación, desafortunadamente y con la visión de ser testigo, ha sido inefectivo, temeroso, inaplicado y politizado. El resultado que hoy estamos viviendo en todos los temas del sector eléctrico y gas, sí es una crisis, no causada solo recientemente, pero sí profundizada por la inacción. La mezcla de direccionamientos, la no coherencia ni concordancia con lo que el usuario espera, paga y merece, se puede corregir. Insisto, la regulación no es monolítica, es por el contrario poderosa, dinámica, en equilibrio constante, y requiere ser ejercida con responsabilidad, y necesitamos que funcione. Por eso el reciente fallo reconoce que en este panorama es más peligroso y perjudicial, no actuar que actuar.