En esta nueva etapa de justicia tarifaria en electricidad, se confió en la negociación voluntaria de agentes de generación que participan en el mercado competitivo y a riesgo, como eje principal de lograr una corrección del impacto de la inflación, reflejada en el indexador IPP (Índice de Precios al Productor), que es el indexador usado en el mercado para actualizar los precios de los contratos financieros bilaterales que dominan el componente de generación en el Costo Unitario, tarifa, para los usuarios en Colombia.
Igual esquema se planteó para los cargos, componentes tarifarios de Transmisión y Distribución, que son regulados. Tratar de que se cedan rentas que los prestadores están recibiendo por conceptos de tarifas con componentes de mercado y componentes regulados, no es el mecanismo adecuado entre los criterios de la ley de servicios públicos y ley eléctrica, para lograr tarifas eficientes y competitivas. Si bien es cierto se deben respetar los periodos tarifarios y los contratos existentes, también es cierto que la regulación tiene la obligación de adoptar medidas, y así lo ha hecho históricamente, cuando existen errores que lesionan a los usuarios o a las empresas, por mutuo acuerdo, por circunstancias extraordinarias, o por decisiones y opciones tarifarias mediante regulación expresa, como lo ha impulsado la Creg varias veces.
Existen diversos mecanismos e instrumentos, para ajustar tarifas y para lograr atender los criterios de solidaridad y redistribución, necesarios y establecidos en las mismas leyes. Técnicamente, se pueden definir estrategias y acciones específicas en cada componente, y en su integración en el Costo Unitario. Para referencia, podemos mencionar los diferentes mecanismos que se están aplicando en la unión europea desde 2021, según reporte de la Ceer, tanto en electricidad como en gas.
Estas cubren una amplia gama en prácticamente todos los países que la conforman, además del Reino Unido y Noruega, tales como reducción de impuestos, gravámenes y cargos adicionales en las facturas de los consumidores; ayuda directa a los consumidores (compensación, subsidios, política social); reducción o aplazamiento de los cargos del sistema en las facturas de los consumidores; medidas de transparencia y publicación de información; aplazamiento del pago de las facturas, ampliación de la aplicación de tarifas reguladas a determinados grupos (por ejemplo, vulnerables, Pyme, etc.), incremento de ayudas estatales y otras medidas de apoyo a los consumidores empresariales. En su reciente reporte además recomiendan para el próximo año medidas de apoyo como la mejor manera para el grupo de consumidores necesitados, que afectan el gasto de los hogares en electricidad y gas, y asociadas a los ingresos de los mismos.
Partiendo de tarifas eficientes, las más importantes acciones se refieren a la revisión del mecanismo del proveedor de último recurso (Solt) en términos de su eficacia en sus mercados e identificar áreas de mejora en el proceso. Se requiere un equilibrio adecuado entre el riesgo asumido por un proveedor y la carga que recae sobre los consumidores, ya que no es apropiado que un proveedor ofrezca un producto de precio fijo a un consumidor cuando no ha conseguido asegurar dicho producto en el mercado mayorista o no es capaz de cubrir el riesgo de otra manera.
Partiendo de tarifas eficientes, las más importantes acciones se refieren a la revisión del mecanismo del proveedor de último recurso (SOLR) en términos de su eficacia en sus mercados e identificar áreas de mejora en el proceso. Se requiere un equilibrio adecuado entre el riesgo asumido por un proveedor y la carga que recae sobre los consumidores, ya que no es apropiado que un proveedor ofrezca un producto de precio fijo a un consumidor cuando no ha conseguido asegurar dicho producto en el mercado mayorista o no es capaz de cubrir el riesgo de otra manera. Una segunda medida se refiere al seguimiento de los contratos existentes, dado que, aunque se basta conocer los contratos que se ofrecen a los consumidores, si no se hace un seguimiento de la utilización de dichos contratos. Para supervisar plenamente los mercados energéticos minoristas, se debe hacer un seguimiento y control de la transferencia de los contratos a los mercados minoristas.
Respecto a los consumidores vulnerables y la pobreza energética, exponen que se deberían identificar el impacto potencial de los aumentos de precios de la energía en los consumidores para identificar consumidores que están en riesgo de caer en la pobreza energética. Los costos actuales afectan a la situación financiera de los consumidores y, tienen un impacto directo en la pobreza energética y en las decisiones de redistribución que permiten a los responsables políticos definir grupos objetivo para dirigir medidas específicas cuando su sistema de bienestar social llega al límite.
Anotan que es vital reforzar las herramientas de comparación tarifaria que no cumplen los requisitos regulatorios y es necesario que los consumidores de cada mercado puedan acceder a información confiable. Debe existir un sitio web independiente de herramientas de comparación, supervisar anualmente su uso en el mercado e informar de los resultados para identificar las oportunidades de mejora de comparación de precios entre los consumidores de energía y hacer recomendaciones para mejorar el tráfico y aumentar la utilización en su mercado.
Dada la importancia de las facturas energéticas, la información de los consumidores de energía es esencial para revisar que las facturas que se emiten y verificar que cumplan con los requisitos, que sean claras y fáciles de entender para el consumidor. La puesta en marcha de campañas de información dirigidas al consumidor en respuesta a la crisis energética es importante para que los consumidores de energía puedan ser parte y disminuir su consumo de energía. Informar periódicamente a los consumidores de energía sobre cuándo puede ser el mejor momento para consumir energía con el objetivo de nivelar la curva de la demanda, utilizar canales de noticias y del tiempo, notificaciones o SMS emitidos por los proveedores a los consumidores tras una solicitud del operador del sistema y del operador de distribución; claro cuando el regulador haya realmente implementado tarifas dinámicas, que hoy no tenemos aquí.
Finalmente, el escaso seguimiento de las reclamaciones de los consumidores limita la capacidad para ofrecer mejoras a los consumidores. Los datos de las reclamaciones deben clasificarse, analizarse e interpretarse mejor para comprender dónde pueden mejorarse los mercados minoristas. Se deben registrar sistemáticamente las reclamaciones de los mercados de la electricidad y el gas, así como las de los proveedores y los operadores de redes de distribución, por separado. Implantar un esquema de resolución alternativa de conflictos y garantizar que se tramiten de manera eficiente y eficaz. No lograr lo anterior, concluyen, representa una barrera para la eficiencia en los servicios que los consumidores de energía reciben de los proveedores. Todas lecciones para aplicar en nuestros mercados energéticos colombianos.