La construcción de edificaciones genera inversiones anuales equivalentes a 9 puntos porcentuales del PIB, demanda insumos por $34 billones y, junto con las actividades inmobiliarias, genera 1,8 millones de empleos, más su contribución al desarrollo urbano formal y la reducción del déficit de vivienda.
Sin embargo, en los últimos trimestres la generación de valor agregado de la actividad edificadora ha enfrentado reducciones, llegando a -9,2% en el primer trimestre de 2018. Una parte de las causas son elementos del contexto macroeconómico como un menor crecimiento promedio de la economía, una reducción en la generación anual de empleo en las principales ciudades, una contracción del ingreso promedio de los hogares y un escenario generalizado de menor confianza de los consumidores y las empresas.
Las anteriores condiciones económicas y sectoriales se han visto agravadas por dos factores: i) una creciente inseguridad jurídica para el desarrollo de los proyectos, donde las licencias de construcción expedidas han enfrentado obstáculos para su ejecución y además se han tomado decisiones de suspender procesos de licenciamiento de nuevos proyectos; y el segundo factor ha sido la fuerte carga de trámites y procedimientos sobre los proyectos de construcción, lo cual no solo ha retrasado la ejecución de las obras sino ha puesto en riesgo los contratos comerciales establecidos desde la preventa de los proyectos.
Así, es claro que el sector requiere de un mejor entorno para consolidar la recuperación, lo cual implica no solo un contexto económico de mayor crecimiento y generación de empleo que permita impulsar la inversión en edificaciones y vivienda, sino de un ambiente de certidumbre para el lanzamiento, comercialización y ejecución de los proyectos. Esto implica mejoras de tipo institucional y una gestión pública eficiente. Las ciudades deben ser centros de inversión y esas dos condiciones son necesarias para lograrlo.
Hay factores económicos muy favorables para mantener una lectura optimista y objetiva sobre el desempeño de la construcción, como la reducción de las tasas interés, la recuperación gradual de la confianza de los consumidores, el desempeño de algunos sectores económicos, y el enorme aporte del Gobierno Nacional con los programas de vivienda para 2018 y 2019. No obstante, ese contexto y los esfuerzos fiscales del Gobierno Nacional pueden verse mermados por un negativo panorama de inestabilidad jurídica.
En esta coyuntura se realiza el Congreso Colombiano de la Construcción 2018 “Productividad y sostenibilidad: fuentes de desarrollo sectorial”, evento en el que esperamos discutir, proponer y nutrir la agenda del sector y del país en relación con el acceso a la vivienda formal, la promoción de proyectos de construcción con seguridad jurídica, la construcción de ciudades de calidad, y el impulso a la productividad del sector. Nuestra tarea: seguir construyendo país.