Hace dos años, el país conoció un operativo en el que siete camionetas de la Unidad Nacional de Protección fueron detenidas en un retén en Anorí, Antioquia.

Dentro de ellas había disidentes de las Farc; la mayoría tenía órdenes de captura suspendidas. Eran alias Calarcá Córdoba, Andrei, Erika y Ramiro, nada más y nada menos. Pero también estaba Edgar Arango, alias Firu, el cabecilla del frente 36 del estado mayor que tenía una orden de captura vigente. Este último experto en explosivos y francotiradores. Fue el responsable del homicidio de seis militares en un campo minado.

Allí encontraron armas ilegales, 100 millones de pesos en efectivo, oro, celulares, computadores y un menor de edad. El operativo era realmente un retén en el que los disidentes se vieron acorralados en flagrancia porque tenían en su poder armas sin permiso, dinero sin explicación, y una persona que tenía una orden de captura. El hecho fue un escándalo, generó indignación en el país y una respuesta muy tensa entre el gobernador de Antioquia y el Gobierno Nacional.

Las personas inicialmente fueron trasladadas a un batallón para su plena identificación. Luego de centenares de llamadas y contactos la Fiscalía di la orden de capturarlos. Luego fueron liberadas y alias Firu terminó en septiembre de ese año siendo nombrado gestor de paz por el Gobierno.

Para cualquier unidad militar, la detención de semejante grupo, además con la comisión de delitos en flagrancia y sin haber disparado una sola bala, habría sido un enorme triunfo de su carrera.

Pero para el general Jorge Ricardo Hernández no fue así. Era el comandante de la Cuarta Brigada, y dio la orden de detener a los disidentes. Lejos de ser felicitado con honores por hacer su trabajo en una operación estratégica y con inteligencia, al general le hicieron saber pronto de la incomodidad de su decisión.

Hernández tiene una amplia experiencia de liderazgo en puestos claves en el Ejército, más de 30 años de carrera y posgrados académicos y de guerra en las más importantes escuelas militares de Estados Unidos. Bilingüe, dos maestrías, experiencia en ingeniería, etc. La carrera de Hernández era una de las de mayor proyección en las fuerzas pero se truncó por haber detenido a los jefes disidentes con los que el Gobierno se acercaba en una negociación que nunca llegó a ningún lugar.

Pese a que el ministro de Defensa de entonces, Iván Velásquez, dio una rueda de prensa junto a toda la cúpula para dar detalles de la operación, Hernández empezó a recibir órdenes de traslado. Cuatro en un solo año.

Luego de comentarios en el Ejército y de rumores sobre la molestia del Gobierno central por su decisión, el general recibió el llamado a calificar servicios en abril pasado. Le dijeron que tenía investigaciones por uno cargo anterior en la Dirección de Ingenieros del Ejército y lo sacaron sin más. Nunca le pidieron explicaciones, no lo llamaron a descargos, no le pidieron una respuesta de nada.

El general decidió hablar conmigo por primera vez en entrevista exclusiva para La FM, Noticias RCN y La República. Asegura que se trata de una persecución en su contra por hacer lo que le correspondía, habla del general Erick Rodríguez, a quien sacaron la semana pasada en un ambiente de mucha confusión y preguntas, y cuenta la incomodidad de muchos hombres en las fuerzas por la guillotina a más de 70 oficiales en el Gobierno del presidente Petro en lo que parecerían decisiones ideológicas caprichosas que no respetan la esforzada carrera de los militares.

La entrevista sale este lunes en Noticias RCN y completa el martes en La FM. Es la primera vez que un general desnuda la realidad de los mandos frente al Gobierno que se acercó tanto a las disidencias. Su testimonio es importante para que el país conozca lo que está ocurriendo en las Fuerzas Militares.