Lo que está sucediendo en Colombia en todos los sectores cuando se alza el tapete bien podría definirse con una sola pregunta: ¿en dónde estaban las IAS?

La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría son enormes instituciones burocráticas que tienen funciones muy importantes en la estructura del Estado que creó la Constitución de 1991. Lamentablemente, desde hace varios años y especialmente en el último gobierno, su papel fue más que cuestionable.

Estamos hablando de una planta de personal de miles de servidores que todos los días trabajan para cuidar los recursos públicos, llevar a los delincuentes a la cárcel o disciplinar a funcionarios que fueron excesivos y violaron las normas. La verdad es que de los macrocasos en los que el país esperaba respuestas, prevención y condenas hay poquísimo. Menos que poquísimo.

Por ejemplo, en el caso de Nicolás Petro, la Fiscalía lleva años reuniendo evidencias en el juicio del hijo del expresidente sin que nada pase. Hubo muchísimo ruido por las denuncias de la exfiscal Lucy Laborde, quien dijo haber sido víctima de presiones para no imputar algunos delitos a Nicolás. Delitos que, según el criterio de su investigación, debían tener una consecuencia penal. Hubo cambio de fiscal y desde entonces no sabemos nada del desarrollo del juicio.

En el caso de la Ungrd, la Fiscalía dejó irse a Carlos Ramón González; Sandra Ortiz quedó en libertad por vencimiento de términos y ahora se presenta como una víctima del sistema, la pobre viejecita. Los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla están libres también.

La Corte Suprema acaba de ordenar la libertad de Andrés Calle e Iván Name, y no sabemos qué va a pasar con Wadith Manzur. Hay que decir que en el caso de los congresistas la investigación está en manos de la Corte Suprema por su fuero.

Pero la Fiscalía bien pudo haber enviado más pruebas de su investigación independiente. Otra vez se quedó corta.

Ya pasó un año del magnicidio de Miguel Uribe y, para sorpresa del país, todavía nadie sabe quién dio la orden. Y ni hablar del caso de Carlos Caicedo, en el que sigue sin pasar absolutamente nada.

La propia fiscal general aceptó que se enteraron, por una publicación de Ricardo Calderón en Noticias Caracol, de lo que estaba pasando con los computadores de alias Calarcá, en los que había información de filtraciones de agentes de inteligencia a miembros de las disidencias para evitar sus capturas.

Un caso más es el del sistema de salud, que empezó con una enorme ficha del dominó llamada Nueva EPS. Más de $13 billones en deudas con sus propios prestadores y pasivos por más de $22 billones. ¿Por qué los entes de control y la propia Supersalud se dieron cuenta tan tarde de lo que estaba pasando con una EPS que tiene cerca de 13 millones de afiliados?, ¿por qué no operó el tan renombrado “control concomitante y posterior” de la Contraloría?, ¿dónde estaba la Procuraduría para suspender funcionarios y hacer lo que le tocaba?

La verdad, querido lector, es que desde hace años en Colombia los entes de control no descubren nada. Sus investigaciones en casos de interés nacional inician luego de que los medios hacemos nuestro trabajo. Eso habla muy bien del periodismo, pero muy mal de los entes de control. Somos los periodistas los que exponemos, revelamos, investigamos y logramos que algo de justicia llegue. Si no existieran esas publicaciones, Colombia sería, a los ojos de la opinión pública, mejor que Suiza.

Respetados Gregorio Eljach, Carlos Hernán Rodríguez y Luz Adriana Camargo, ¿dónde estaban cuando a Colombia se la estaban robando y los sistemas públicos colapsaban?.
Ojalá empiecen a despertar y a hacer el trabajo que los ciudadanos llevan años esperando y que corresponde a tamaños salarios y a plantas de personal tan abultadas.