En sus últimas semanas en el poder el presidente Gustavo Petro ha tomado algunas decisiones que son de las más autoritarias de su mandato. Esto es preocupante y da cuenta de la poca tolerancia del gobierno a los contrapesos democráticos.
Petro dijo hace un par de semanas que iba a liquidar las EPS intervenidas que no estuvieran bien financieramente. Esto es grave porque implicaría un terremoto aún mayor en un sector que atraviesa por una crisis porque el Gobierno no quiso y no pudo administrar correctamente las aseguradoras que tenían deudas anteriores con clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos. Además, porque como lo hemos contado en columnas anteriores, la selección de las hojas de vida de los interventores está llena de cuestionamientos y oscuridad.
Esto lo anunció luego de que un tribunal le tumbó su decisión para trasladar afiliados de unas eps a otras. Aunque hasta ahora eso no ha ocurrido, fuentes me dicen que la orden del mandatario no es eludible. En el caso de la Nueva EPS hay más de 10 millones de cuentas sin auditar y unos 23 billones de pesos en deudas. Esas dos cifras hacen técnica y jurídicamente ilegal que la Nueva EPS pueda recibir afiliados de otras aseguradoras, pero para el presidente esos dos conceptos son imposibles.
Lo de las últimas semanas es aún peor. El presidente anunció un Conpes de 13 billones para armamento militar que no se le ocurrió durante toda la administración. Esto luego de culpar al gobierno anterior de recibir un avión donado de los Estados Unidos que para cualquier fuerza aérea sería un activo de alto valor. Petro mintió a pesar de que el comandante de la FAC explicó técnicamente lo que ocurría. El avión tenía 40 años de vida útil, 20.000 horas por delante se le hizo un mantenimiento completo que duró dos años de 2021 a 2023 y costó más de tres millones de dólares. Para el presidente esas palabras fueron irrelevantes. Es más autoritario mentir.
Dos cosas más. Esta semana las empresas tuvieron que pagar el autoritario impuesto al patrimonio decretado por el Gobierno sin que fuera aprobado por el Congreso. Nada más y nada menos. Un impuesto que, de acuerdo con la Constitución, debería ser debatido, aprobado y reglamentado por el Congreso. El Gobierno sobrepasó el control institucional porque la última reforma tributaria fue rechazada por el legislativo. Típico de gobernantes autoritarios. No les parece el control de poderes, los pesos y contra pesos, los checks and balances.
Y ahora el Gobierno rompe con el Banco de la República. El ministro Germán Ávila anunció el retiro de la junta porque el presidente y él no estuvieron de acuerdo con la proyección de la decisión del banco sobre la subida de las tasas para proteger la economía. De nuevo, lo técnico y lo jurídico por el traste. Al presidente no le gusta que lo controviertan, no le gusta la verdad, no le gustan las explicaciones técnicas, no le gustan los contra pesos a su poder. Le gusta el poder, aunque lo niegue.
Y todo esto en una campaña electoral. Hay quienes siguen sin entenderlo y creen que a esto se le gana con radicalismo y cero experiencia. No entienden su error craso.