El fiscal general Francisco Barbosa dio una entrevista en El Colombiano con Luz María Sierra en la que hizo una afirmación grave. “Gustavo Petro no representa la institucionalidad”. Enfáticamente no estoy de acuerdo con esa aseveración y creo que le hace daño grave a la estabilidad del poder público en Colombia.

Esta columna ha publicado durante más de un año críticas al Presidente todos los sábados. A Gustavo Petro se le puede cuestionar una y mil veces; no hace falta hacer un listado porque no alcanzan los párrafos, pero poner en duda la legitimidad de su representación es peligroso y que esa crítica venga de quien está al frente de la Fiscalía General lo es mucho más en términos de estabilidad y de la división de poderes.

Lamentablemente para el país, tanto Petro como el fiscal Barbosa se involucraron en una pelea personal desafiándose y mostrándose los colmillos como si se tratara de dos ciudadanos sin el poder que tienen y las instituciones de las que son voceros. El Presidente ha dicho que la Fiscalía es corrupta y eso no le queda bien cuando esa institución acaba de llevar a juicio a Nicolás Petro por haber aceptado dinero para sus lujos de dos personas con prontuario que querían financiar la campaña del Atlántico.

Petro ganó las elecciones con más de 11,2 millones de votos y más de 50 % de los electores. Su periodo debe acabar el 7 de agosto de 2026 sin ningún riesgo, sin ningún tropiezo externo y con toda la estabilidad o, al menos, la que sus propias decisiones y las pésimas elecciones de su gabinete le permitan.

Eso no quiere decir que la prensa, como lo ha hecho hasta ahora, deje de ser crítica, no exponga las irregularidades, o se convierta en floja o cómplice frente al enorme poder presidencial.

El presidente es un mal líder. Su arrogancia le ha hecho cometer error tras error, el manejo de su cuenta de X es pésimo, sus comunicaciones lo son igual. Pocas políticas públicas tienen resultados y el país se encuentra en una crisis de gerencia y administración pública pocas veces vista, al punto de perder los Juegos Panamericanos de Barranquilla. Pero el Presidente es el Presidente. Y su fuero, su legitimidad y su representación institucional deben prevalecer.

Colombia es un país que tradicionalmente ha sido fuerte en las instituciones. La Corte Constitucional ha puesto límites al ejecutivo; el Consejo de Estado también, el propio Congreso ha modificado los proyectos originales del Gobierno y ha limitado varios de ellos. Petro ha cuestionado a la prensa de manera injusta, pero le ha permitido expresarse y ser crítica sin usar el poder oficial para la censura. Aún con el fantasma del miedo para la inversión, la economía no ha sucumbido como arrojaban muchos pronósticos, el dólar ha tenido un precio controlado y el desempleo ha bajado en varios meses. La inflación y la posible estanflación son una alerta seria, pero las instituciones han hecho que el país siga caminando por una senda de respeto y serenidad fiscal.

Nadie debe poner en riesgo la estabilidad institucional en Colombia. Aunque este país sea híperpresidencialista y se presume que el Gobierno Central tenga un poder infinito, en la práctica ese poder es de solo cuatro años, las entidades de control deben hacer su trabajo de manera armoniosa, y el programa de gobierno que ganó las elecciones debe terminar su apuesta sin problemas.

No es el Presidente. Es el país, es el contrato social y es el futuro de una Nación que ha sobrevivido a los tiempos más oscuros de la violencia. El Presidente, este Presidente, sí representa la institucionalidad. Aunque sea un mal líder, su Gobierno es legítimo y debe poder operar y desarrollar su gestión sin amenazas.