Esta semana ocurrió una amenaza que pasó desapercibida en un país atropellado por las tragedias. Lo ocurrido en Candelaria a Sofía Delgado es un luto nacional. Es como una condena de violencia a la que estamos sometidos en este país. La horrible realidad de que para los niños y niñas caminar en Colombia sea la posibilidad de atravesar el infierno.

En el paréntesis está no muy lejos de allí la violencia en Cauca a una semana de la COP 16. Un atentado contra un carro del Inpec, un artefacto explosivo en Jamundí y las alertas por un plan pistola de la estructura de Carlos Patiño. Y en medio de ese coctel de noticias desoladoras en un Gobierno en el que el crimen organizado sigue creciendo con libertad, la corrupción vuelve a ser la sombra de la crudeza.

María Alejandra Benavides fue por un tiempo importante asesora de Ricardo Bonilla. Pero es una relacionista internacional con una especialización en políticas públicas que estaba en Hacienda incluso desde el Gobierno anterior. Una funcionaria con una carrera técnica que quedó en el centro del escándalo más grave de este Gobierno y de los últimos años.

Trabajó antes con José Antonio Ocampo y José Manuel Restrepo. Pero con Bonilla cometió un error. El ministro le pidió que se encargara con la Ungrd de las obras que estaban “viabilizadas” para tres departamentos por $92.000 millones. Ella asumió la orden y junto a Jaime Ramírez Cobo empezó a escribirle a Sneyder Pinilla llegando a enviarle a este último los contactos de los intermediarios de los contratos. El afán de que esos recursos se entregaran en obras a esas regiones, como lo dijo el propio Ramírez en otro chat con el exsubdirector de la Ungrd, era que los congresistas aprobaran unos créditos de la nación que necesitaban el visto bueno de la Comisión Interparlamentaria.

Una vez conocida esta información, Benavides quedó en la lupa de los medios y la Fiscalía. Fue a varios interrogatorios citados al ente acusador pero hasta ahora había mantenido su decisión de guardar silencio. En los últimos días una tenebrosa amenaza llegó al celular de su mamá, su tía y su abogado personal Jaime Lópéz. “Rin rin renacuajo… María Alejandra Benavides Soto, su mamá y su tía, así como el hpta de su abogado van a entender que hablar no paga, brille para ellos la luz perpetua. Hptas”.

Esa amenaza de delincuentes escrita con mala ortografía y una imagen de un ataúd y una calavera resulta sumamente grave y seria, si se entiende que los delincuentes la enviaron este miércoles al número directo de su mamá, su tío y su abogado.

¿Cómo es posible que estas personas tuvieran acceso a números personales y privados de la familia de María Alejandra Benavides y al de su abogado para enviar la misma amenaza?

Eso demuestra que no se trata de ocasionales y fanáticos activistas que se creen valientes, sino de una red criminal seria que logró obtener información privada, no se sabe si a través de seguimientos, chuzadas, o algún tipo de inteligencia.

El presidente Gustavo Petro, que delegó su poder a Laura Sarabia, y al que solo le interesa en Colombia su teoría de la conspiración del golpe de Estado como estrategia de marketing, no ha dicho nada al respecto. Ricardo Bonilla, que se cree intocable, tampoco. Y la Fiscalía ni siquiera anunció inmediatamente una investigación a pesar de semejante hecho.

La amenaza significa que María Alejandra sí tiene información trascendental. Y por su seguridad y por el bien del país y la justicia, debería contarla a las autoridades.

No hay nadie tan poderoso porque el poder es un espejismo pasajero, María Alejandra. Háblele a la justicia.